Savia Salud enfrenta una profunda crisis financiera tras casi cuatro años de intervención estatal. Conclusión del debate en el Concejo Distrital
La situación de Savia Salud EPS volvió a ocupar el centro del debate público luego de un control político realizado en el Concejo Distrital de Medellín, donde se expusieron cifras sobre el deterioro financiero de la entidad durante el periodo de intervención. Con cerca de 1,5 millones de afiliados, la EPS enfrenta un complejo panorama económico que genera incertidumbre sobre la continuidad y calidad de la atención para sus usuarios, especialmente en Antioquia. El Concejal Andres Rodriguez puso el dedo en yaga.
Concejo de Medellín analizó el estado de la EPS
La crisis de Savia Salud fue uno de los principales temas abordados durante un debate de control político convocado en el Concejo Distrital de Medellín por el concejal Damián Pérez. En la sesión, el concejal Andrés Rodríguez, conocido como “Gury”, presentó un balance sobre la evolución financiera de la entidad desde que fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud.
Durante la discusión se expusieron indicadores que, según los concejales, reflejan un deterioro progresivo de la EPS, considerada una de las más importantes del régimen subsidiado en Colombia por el número de usuarios que atiende.
Los cabildantes manifestaron preocupación por la capacidad de Savia Salud para garantizar la prestación de los servicios médicos, teniendo en cuenta el crecimiento de sus obligaciones financieras y el impacto que ello podría generar sobre millones de afiliados.
Indicadores financieros muestran un fuerte deterioro
De acuerdo con las cifras presentadas durante el debate, los activos totales de Savia Salud registraron una disminución del 38%, mientras que los pasivos aumentaron un 108% durante el periodo analizado.
Asimismo, el déficit financiero habría crecido un 163%, la pérdida operacional aumentó un 54% y la pérdida neta se incrementó en un 161%. A ello se suma un aumento del endeudamiento del 225%, indicadores que, según los concejales, reflejan la difícil situación económica que atraviesa la entidad.
Otro de los datos expuestos señala que el pasivo de la EPS pasó de 822.000 millones de pesos, registrados en junio de 2023, a cerca de 1,6 billones de pesos al cierre de diciembre de 2025.
Según el informe presentado, la siniestralidad alcanzó el 114,4%, mientras que las pérdidas operacionales llegaron a cerca de 600.000 millones de pesos.
Los concejales atribuyeron este comportamiento a la administración ejercida durante la intervención estatal, periodo en el que la entidad estuvo bajo la dirección de tres agentes interventores designados por la Superintendencia Nacional de Salud.
Alta cartera y dificultades para atender a los prestadores
Durante el debate también se analizó la cartera que mantiene la EPS con la red prestadora de servicios de salud. Las cifras expuestas indican que Savia Salud registra obligaciones cercanas a los 690.153 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 384.000 millones corresponden a instituciones ubicadas en Medellín.
Los participantes del debate señalaron que esta situación afecta principalmente a hospitales, clínicas y demás prestadores que continúan atendiendo a los afiliados mientras esperan el pago de las obligaciones pendientes.
Entre los factores mencionados como parte del contexto financiero se encuentra el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), cuya actualización fue objeto de controversia durante el gobierno saliente.
Según lo expresado en la sesión, la insuficiencia de estos recursos habría contribuido al deterioro financiero de varias EPS del país, incluida Savia Salud.
Aumento de acciones judiciales por atención en salud
Otro de los aspectos abordados durante el control político fue el incremento de las acciones judiciales relacionadas con la prestación del servicio.
Según la información presentada por el concejal Andrés Rodríguez, contra Savia Salud se interpusieron más de 22.000 acciones de tutela, de las cuales alrededor de 16.200 habrían sido falladas en contra de la entidad.
Además, se informó que se registraron más de 7.000 incidentes de desacato relacionados con el incumplimiento de decisiones judiciales, situación que, según los participantes del debate, evidencia las dificultades para garantizar de manera oportuna el acceso a tratamientos, medicamentos y demás servicios de salud.
Los concejales señalaron que estos indicadores constituyen una señal de alerta sobre el impacto que la situación administrativa y financiera de la EPS ha tenido sobre los usuarios.
Cuestionamientos sobre la contratación administrativa
Durante la sesión también se formularon cuestionamientos respecto a la distribución de los recursos contratados por la entidad.
Según las cifras presentadas, de un volumen contractual cercano a los 15,9 billones de pesos, aproximadamente 4,6 billones habrían sido destinados a contratación administrativa, equivalente a cerca de una tercera parte del total. Los cabildantes plantearon la necesidad de revisar la destinación de estos recursos y establecer si la distribución presupuestal favoreció de manera suficiente la atención directa de los pacientes.
Asimismo, insistieron en la importancia de fortalecer los mecanismos de vigilancia y control sobre la administración de la EPS.
Expectativa frente al nuevo Gobierno
El debate concluyó con un llamado para que el nuevo Gobierno nacional adopte medidas orientadas a recuperar la estabilidad financiera de Savia Salud y garantizar la continuidad del servicio para cerca de 1,5 millones de afiliados.
Los concejales coincidieron en que el principal desafío consiste en asegurar la sostenibilidad de la entidad, normalizar los pagos a la red hospitalaria y fortalecer la atención de los usuarios, quienes hoy enfrentan incertidumbre frente al futuro de una de las EPS más importantes del régimen subsidiado en Antioquia.
Mientras avanzan las decisiones que adopten las autoridades nacionales, el panorama de Savia Salud continúa siendo motivo de preocupación para pacientes, prestadores de servicios y entidades territoriales, que esperan una solución estructural que permita superar la crisis financiera y preservar la atención en salud de miles de familias colombianas.
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