Los últimos enredos de la revocatoria de Medellín

Tras el fallo judicial que obligaba a las autoridades electorales a dar trámite a la revocatoria de Medellín y a informar al presidente de la República sobre el proceso de dicha iniciativa democrática y constitucional, se presentaron nuevos obstáculos.

Aunque los días estaban contados y la ciudadanía estaba a la espera de que se cumplieran los tiempos para poder llegar a las urnas y decidir, como lo establece la Constitución, si Daniel Quintero continúa o no en el cargo como alcalde de la ciudad, la Registraduría pidió al juez que emitió el fallo una serie de aclaraciones, y es ahí donde hay opiniones encontradas.

Y es que el ente electoral considera que el fallo no es suficientemente claro de si hay tiempo o no para ejecutar la medida de que la ciudadanía llegue a las urnas para decidir si Daniel Quintero debe o no seguir al frente de la administración distrital y sobre la competencia que tiene la Registraduría para este llamado, sobre todo, teniendo en cuenta que el comité de la iniciativa se encuentra inmerso en una investigación.

Según la Registraduría seccional de Antioquia, deben actuar de manera responsable y acatando el fallo que dejó abiertas algunas inquietudes y dio un tiempo adecuado para solicitar aclaraciones. Así las cosas, afirman, se hizo sin el ánimo de dilatar, sino todo lo contrario con la responsabilidad de ejecutar las acciones a que había lugar.

Por otro lado, abogados consultados y que han estado al frente del proceso como Juan David Giraldo, quien ha sido muy cercano a la revocatoria afirman lo contrario, y es que son precisamente estas acciones las tendientes a impedir que los ciudadanos lleguen a las urnas, sobre todo teniendo en cuenta que la revocatoria es una iniciativa popular contemplada en la Constitución.

Es por esto que no se podría no realizar, ya que no va enfocada a elegir alcalde, sino a revocar o ratificar al actual alcalde y no depende del comité organizador sino de los miles de ciudadanos que firmaron para darle vida a la revocatoria y que son finalmente los que están exigiendo que se respeten sus derechos constitucionales.

Por otro lado, hay voces desde la revocatoria que afirman que las aclaraciones pedidas por el ente electoral se hicieron de manera extemporánea, que porque solo tenían dos días para este trámite y no ocho como afirma la Registraduría.

Sin embargo, por el momento, y ante la solicitud de la Registraduría a los jueces, deben ser estos los que definan si la solicitud se hizo en los tiempos y en el marco que establecen las normas, y si son válidas y los ciudadanos deberán esperar a que se aclaren las dudas jurídicas que se ciernen sobre el proceso para adelantar acciones tendientes a sacar adelante esta iniciativa ciudadana.

Lo único cierto es que durante casi dos años se ha luchado porque esto se haga realidad y que los ciudadanos puedan llegar a las urnas a elegir y el proceso ha encontrado una traba tras otra entre las entidades que deberían defender la Constitución, lo que ha puesto en entredicho la imparcialidad de las instituciones en el país.