(DENUNCIA) Alfredo Ramos destapa tres nuevas denuncias relacionadas con el programa Entorno Protector

El concejal Alfredo Ramos ha expuesto públicamente tres denuncias que arrojan luz sobre posibles irregularidades en el programa «Entorno Protector». Estas revelaciones han generado un debate acerca de la transparencia y el uso adecuado de los recursos en el marco de esta iniciativa.

En una serie de declaraciones emitidas por Alfredo Ramos, se plantean tres puntos de preocupación con respecto a la ejecución del programa:

Silencio en la Fundación Universitaria Católica del Norte

Una de las denuncias señala que la Fundación Universitaria Católica del Norte ha guardado silencio ante las acusaciones de presiones ejercidas sobre psicólogos que trabajan en el programa. Según las declaraciones, la fundación habría recibido una suma significativa de $1.100 millones (equivalente al 8% del total del contrato) por su administración. La falta de respuesta ante estas alegaciones ha suscitado interrogantes sobre la relación entre la entidad educativa y las presuntas prácticas inadecuadas.

Uso de contratistas en política y recursos públicos

Ramos ha puesto de manifiesto que algunos psicólogos contratados a través de la Fundación Universitaria Católica del Norte podrían estar siendo utilizados para evitar sanciones de los órganos de control relacionados con la participación de contratistas. en política. Esta alegación apunta a una posible manipulación de los recursos públicos en beneficio de intereses políticos, lo que plantea interrogantes sobre la integridad del programa y la transparencia en su ejecución.

Posible conflicto de intereses en la coordinación

Otra de las denuncias expuestas involucra a Mayra Giselle Martínez Saldarriaga, coordinadora del programa «Escuela Entorno Protector». Según la información proporcionada, Martínez Saldarriaga también desempeñaría el rol de coordinadora de la campaña «Medellín nos une» en la comuna 5, Castilla. Además, se sugiere que realice informes relacionados con el contrato mientras se ejercen presiones sobre los psicólogos involucrados en el programa. Esta situación ha generado cuestionamientos en torno a un posible conflicto de intereses y la imparcialidad en la gestión del programa.

Estas nuevas denuncias han abierto un debate sobre la necesidad de una mayor transparencia en la ejecución de programas como «Entorno Protector».