La Corte Constitucional resuelve conflicto de competencias en el caso de Salvatore Mancuso

La Corte Constitucional de Colombia se pronunció el pasado jueves 8 de agosto sobre un crucial conflicto de competencias entre la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en relación con los procesos judiciales contra Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

El alto tribunal determinó que será la Sala de Justicia y Paz la que tendrá la competencia exclusiva para seguir con los casos en contra del ex paramilitar, reafirmando el papel de esta jurisdicción transicional en el manejo de los crímenes cometidos por miembros de estos grupos armados ilegales.

La decisión, tomada en sala plena, refleja una votación mayoritaria de 8 a 1, con lo que se resolvió que los procesos contra Mancuso deben permanecer bajo la jurisdicción de Justicia y Paz. 

Esta decisión está fundamentada en el hecho de que esta jurisdicción fue específicamente creada para juzgar a los paramilitares que se desmovilizaron en virtud de los acuerdos alcanzados durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el marco de la Ley 975 de 2005. 

El tribunal argumentó que la ley otorga a Justicia y Paz la responsabilidad de investigar y juzgar a los desmovilizados de estos grupos, entre los cuales se encuentra Mancuso, quien se acogió a este proceso tras la firma del pacto de Santa Fe de Ralito.

La resolución de la Corte pone fin a un prolongado debate sobre la competencia para decidir sobre la libertad y otros asuntos judiciales de Mancuso. 

Desde su retorno a Colombia el 28 de febrero de 2024, tras más de 15 años de detención en los Estados Unidos, la figura de Mancuso ha sido objeto de controversia. Mientras que la Sala de Justicia y Paz se inclinó por concederle la libertad, la JEP mantuvo una postura contraria, lo que llevó a la elevación del conflicto ante la Corte Constitucional.

Uno de los puntos más destacados en esta decisión es el contraste entre las posturas de ambas jurisdicciones. Mientras que la JEP había aceptado excepcionalmente el sometimiento de Mancuso en noviembre de 2023, bajo el argumento de su rol como elemento de enlace entre fuerzas ilegales y estatales, esta aceptación ahora queda sin base jurídica, dado que la Corte ha ratificado la competencia de Justicia y Paz. 

El magistrado José Manuel Bernal Parra, de la Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, ya había concedido la libertad a Mancuso en marzo de 2024, en un fallo que anticipó la resolución del conflicto por parte de la Corte Constitucional. 

Este fallo fue apegado a decisiones anteriores de otros magistrados de la misma jurisdicción, quienes también habían concedido la libertad a Mancuso.

En contraste, la Sección de Apelación de la JEP, en su fallo de marzo de 2024, había afirmado su competencia exclusiva y prevalente para decidir sobre el estatus legal de Mancuso y gestionar su Régimen de Condicionalidad, en relación con los crímenes cometidos entre 1989 y 2004. Sin embargo, con la reciente decisión de la Corte Constitucional, esta postura de la JEP queda desestimada.

Con esta decisión, la Corte Constitucional no solo resuelve un conflicto de competencias, sino que reafirma el rol de Justicia y Paz como el tribunal encargado de los procesos relacionados con el accionar paramilitar, dejando en firme su facultad para definir el futuro judicial de Mancuso, quien actualmente se desempeña como gestor social del Gobierno de Gustavo Petro.

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