Tribunal Superior de Bogotá revoca la tutela que obligaba al ministro Dangond a disculparse con los campesinos

El origen de la controversia

El caso comenzó el 8 de septiembre de 2026, cuando el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero, presentó ante el Congreso el presupuesto de su cartera. En esa intervención, según recogieron varios medios, afirmó que los productores rurales ya no se llamarían campesinos, sino “pequeños empresarios del campo”, calificó el término “campesino” como “despectivo” y aseguró que con el cambio se buscaba “elevar el estatus” de quienes producen los alimentos del país.

Las declaraciones causaron polémica entre organizaciones rurales y congresistas de oposición. Al día siguiente, el 9 de septiembre, el Ministerio publicó una aclaración en sus canales oficiales en la que distinguía entre “campesino” y “productor agropecuario”.

La tutela y el fallo de primera instancia

El representante a la Cámara por Quindío Miguel Ángel Grisales Suárez, del Pacto Histórico, interpuso una acción de tutela, el mecanismo constitucional que permite a cualquier persona pedir a un juez la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Argumentó que las palabras del ministro afectaban la dignidad, la igualdad y el reconocimiento de la identidad del campesinado.

El Juzgado 46 Laboral del Circuito de Bogotá le dio la razón en primera instancia, en una decisión que se conoció el 23 de septiembre. La jueza ordenó al ministro que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación, ofreciera excusas públicas al campesinado y rectificara, por los mismos canales institucionales que difundieron su intervención, que “campesino”, “campesina” y “campesinado” son categorías constitucionales.

El despacho tuvo en cuenta el Acto Legislativo 01 de 2023, que modificó el artículo 64 de la Constitución para reconocer al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección. Sin embargo, no ordenó retractarse de la frase según la cual el término era “despectivo”, por considerarla una opinión amparada por la libertad de expresión, ni prohibió al Gobierno usar la expresión “pequeños empresarios del campo”, siempre que no se presentara como sustituta de la categoría constitucional.

Lo que decidió el Tribunal

Tras la impugnación del fallo, el caso llegó al Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la decisión y negó la tutela. De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Agricultura divulgado el 10 de noviembre, el tribunal consideró que las palabras del ministro “no implicaron un desconocimiento de la condición del campesinado como sujeto de especial protección constitucional”.

Según la cartera, la corporación tampoco encontró una política institucional, directriz, circular o disposición administrativa que buscara eliminar o reemplazar los términos “campesino”, “campesina” o “campesinado” del lenguaje oficial. El tribunal habría señalado además que “campesino” y “productor agropecuario” son nociones compatibles: la primera alude a una condición social, económica y territorial, y la segunda a una categoría de actividad productiva.

“La justicia concluyó que el Ministerio no vulneró ni amenazó de ninguna manera los derechos fundamentales del campesinado”, afirmó la entidad en su comunicado.

¿Qué sigue?

Con la revocatoria, el ministro Dangond no está obligado a ofrecer las disculpas públicas ni a hacer la rectificación ordenada en primera instancia. Como ocurre con todos los fallos de tutela, el expediente debe ser remitido a la Corte Constitucional, que puede seleccionarlo para revisión si considera que el caso plantea un asunto de relevancia constitucional.

Hasta la publicación de esta nota no se conocía el texto íntegro de la sentencia de segunda instancia, la sala que la profirió ni una reacción del representante Grisales a la decisión.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué el Tribunal Superior de Bogotá revocó la tutela contra el ministro de Agricultura?

El tribunal determinó que las declaraciones de Indalecio Dangond no vulneraron los derechos fundamentales del campesinado ni existía una política oficial para eliminar dicho término del lenguaje institucional.

¿Cuál fue el origen de la controversia con el ministro Indalecio Dangond?

El ministro afirmó ante el Congreso que los productores rurales pasarían a llamarse “pequeños empresarios del campo”, calificando el término “campesino” como despectivo.

¿Qué obligaciones quedan sin efecto tras este nuevo fallo judicial?

Con la revocatoria de la tutela, el ministro ya no está obligado a ofrecer excusas públicas ni a rectificar sus palabras, como lo había ordenado un juzgado laboral en septiembre.