Tribunal sancionó a la MinAmbiente (e) por desacato en la reglamentación de la Ley de Reforestación

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca impuso una sanción económica a la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, al viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, Mauricio Cabrera Leal, y a la directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Natalia María Ramírez Martínez.

La sanción surge tras determinar que la cartera ambiental incumplió el mandato judicial que ordenaba reglamentar la Ley 2173 de 2021, conocida como la Ley de Reforestación.

De acuerdo con el fallo, los funcionarios tendrán que pagar una multa equivalente a dos salarios mínimos mensuales vigentes por desacato a la orden emitida en septiembre de 2023, cuando el mismo Tribunal ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedir la reglamentación de la norma dentro de un plazo de tres meses.

La decisión se originó a partir de una acción presentada por la Fundación Verde Vivo, organización que ha impulsado el cumplimiento de las políticas de reforestación en el país.

La Ley 2173 de 2021 dispone que el Ministerio tenía que definir las excepciones y los mecanismos de aplicación en un periodo máximo de seis meses desde su promulgación. Sin embargo, según la documentación judicial, casi un año después de la entrada en vigor de la norma, la entidad no había cumplido con esta obligación. La Fundación Verde Vivo presentó en noviembre de 2022 una solicitud formal que derivó en el proceso de seguimiento y en la posterior sanción.

El Tribunal precisó que, aunque el Ministerio presentó en septiembre de 2024 un informe con las acciones adelantadas, las medidas fueron consideradas insuficientes para dar cumplimiento efectivo al fallo. Por esta razón, además de las sanciones impuestas, se ordenó mantener la supervisión judicial sobre la ejecución del cronograma de reglamentación.

También se solicitó seguir con el proceso de cumplimiento bajo la responsabilidad de la exministra María Susana Muhamad, quien no fue sancionada, pero deberá garantizar la aplicación de la ley en los plazos establecidos.

La Procuraduría y el Tribunal de Cundinamarca seguirán vigilando el avance de la reglamentación de la Ley de Reforestación, que busca fortalecer los programas de restauración de ecosistemas y la gestión sostenible de los bosques en todo el país.

De manera paralela, la ministra encargada, Irene Vélez, enfrentó cuestionamientos por declaraciones emitidas durante la Semana de la Biodiversidad en Cali, donde afirmó que la expansión de la caña de azúcar representaba un “desastre ecológico”. Vélez sostuvo que este cultivo habría afectado fuentes subterráneas de agua en el Valle del Cauca y que en gran parte de los sembradíos se había utilizado glifosato desde la década de los ochenta.

Ante esas afirmaciones, la presidenta de Asocaña, Claudia Calero, desmintió el uso actual del herbicida y defendió la gestión hídrica del sector, citando datos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) que indican que el acuífero del departamento mantiene niveles de recarga suficientes para su sostenibilidad.