SuperSociedades ordena la liquidación judicial de empresas del Grupo La Cabaña tras fracaso del proceso de reorganización

La Superintendencia de Sociedades ha emitido una contundente decisión que marca un punto de inflexión para el sector agroindustrial azucarero en el Cauca. Este 18 de junio de 2026, la entidad confirmó la orden de apertura del proceso de liquidación judicial para tres compañías clave del Grupo La Cabaña: Ingenio La Cabaña S.A., Agroindustrias del Cauca S.A. y Alimentos Derivados de la Caña S.A. Las resoluciones, adoptadas formalmente el 17 de junio, ponen fin a un prolongado y fallido intento de reorganización empresarial para estas sociedades, todas domiciliadas en el municipio de Guachené, Cauca.

La medida se produce como consecuencia directa de la solicitud elevada por las propias empresas ante el juez del concurso. En un reconocimiento de la grave situación que enfrentaban, las directivas de las compañías informaron la imposibilidad de continuar con el proceso de reorganización empresarial y, más importante aún, la inviabilidad de alcanzar acuerdos satisfactorios con sus acreedores dentro de los plazos perentorios establecidos por la ley. Esta declaración de incapacidad para superar la crisis financiera y operativa fue el detonante para la transición hacia la fase de liquidación.

Según la información oficial divulgada por la autoridad societaria, la compleja situación que precipitó esta drástica decisión es el resultado de una convergencia de factores estructurales y coyunturales. Estos elementos, de diversa índole, afectaron de manera profunda y directa la sostenibilidad financiera y la viabilidad operativa del grupo empresarial, que por años ha sido un actor relevante en la economía regional.

Las sociedades involucradas señalaron que el deterioro de su situación obedeció a la “convergencia de factores macroeconómicos, financieros y climáticos adversos”. Esta compleja interacción de elementos externos e internos se vio agravada por una profunda afectación derivada de la coyuntura que atraviesa el sector azucarero, un segmento de la economía colombiana que ha enfrentado sus propios desafíos. A este panorama se sumaron restricciones severas de liquidez, que limitaron la capacidad de las empresas para cumplir con sus obligaciones corrientes, así como dificultades crecientes para acceder a nuevas fuentes de financiación que permitieran inyectar capital fresco y reestructurar sus pasivos. Finalmente, limitaciones operativas significativas comprometieron la continuidad normal del negocio, haciendo insostenible su funcionamiento.

La Superintendencia de Sociedades enfatizó que, durante el desarrollo del trámite concursal, se agotaron todas las etapas y mecanismos contemplados por la legislación vigente en Colombia, específicamente la Ley 1116 de 2006, con el objetivo primordial de intentar la recuperación empresarial. La entidad aseguró que se garantizó en todo momento el cumplimiento riguroso de los procedimientos establecidos, buscando ofrecer todas las oportunidades para que las empresas pudieran reestructurar sus deudas y operaciones.

Dentro de este proceso de reorganización, se surtieron actuaciones fundamentales como la admisión al régimen concursal, la aprobación de la calificación y graduación de créditos y derechos de voto de los acreedores, así como la valoración detallada del inventario de activos de las compañías. Estas audiencias clave se desarrollaron en febrero de este mismo año, evidenciando los esfuerzos por transparentar la situación financiera y patrimonial del grupo.

Sin embargo, a pesar de los mecanismos habilitados y las oportunidades brindadas para alcanzar un acuerdo viable entre las compañías deudoras y sus múltiples acreedores, este no logró concretarse dentro del plazo legal establecido. La entidad precisó que “se respetaron los términos legales para la presentación del acuerdo de reorganización, sin que este se materializara dentro del plazo establecido, lo que conllevó al fracaso del proceso recuperatorio”.

Ante este escenario de imposibilidad de acuerdo y atendiendo la solicitud presentada por las propias sociedades, el juez del concurso resolvió dar por terminado el proceso de reorganización. Con esta decisión, se abre paso a una nueva etapa jurídica: la liquidación judicial, cuyo objetivo será la realización de los activos de las empresas para satisfacer, en la medida de lo posible, las obligaciones con sus acreedores, marcando el fin de un capítulo importante para el Grupo La Cabaña y el sector azucarero regional.