SIC abrió investigación por presunta manipulación de contratos en la UNGRD

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y varios de sus funcionarios por presuntas irregularidades en seis procesos de contratación realizados entre 2023 y 2024.

El organismo indicó que, de comprobarse responsabilidad, las sanciones podrían alcanzar hasta $142.350 millones de pesos.

De acuerdo con los hallazgos preliminares, la investigación se centra en la posible alteración de la libre competencia mediante la simulación de pluralidad de oferentes. Según la SIC, las ofertas habrían sido planeadas y presentadas por un mismo núcleo empresarial, con precios concertados al alza, lo que afectó la transparencia de los procesos y el uso de recursos destinados a la atención de emergencias.

El esquema identificado habría operado con la participación de funcionarios de la UNGRD y el empresario Luis Eduardo López Rosero, señalado de inscribir varias compañías bajo su control para participar en las licitaciones. Estas empresas competían de manera aparente, pero en realidad actuaban coordinadas para garantizar la adjudicación y manipular los presupuestos. El monto total de los contratos bajo investigación supera los 86.000 millones de pesos.

La SIC señaló que los incrementos artificiales en los precios de las propuestas tenían como propósito financiar pagos ilícitos a funcionarios que facilitaron el direccionamiento de los contratos. Entre los señalados figuran Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, quienes habrían desempeñado un papel determinante en la manipulación interna de los procesos para favorecer al grupo empresarial investigado.

El pliego de cargos formulado por la Delegatura para la Protección de la Competencia incluye tanto a los funcionarios de la Ungrd como a López Rosero, las sociedades bajo su control y otras personas que, de forma activa u omisiva, habrían contribuido a consolidar la estructura irregular.

La SIC subrayó que las prácticas identificadas no solo vulneran la normativa de competencia, sino que también afectan la confianza en el sistema de compras públicas, particularmente al tratarse de recursos orientados a la atención de comunidades en condiciones de vulnerabilidad.

El proceso se desarrolla a partir de pruebas recolectadas mediante visitas administrativas, declaraciones, información formal obtenida de las entidades implicadas y la cooperación con la Fiscalía General de la Nación. Este trabajo permitió establecer indicios de un entramado sistemático diseñado para favorecer a un grupo reducido de actores y excluir la competencia real en licitaciones públicas.

La Superintendencia resaltó que esta actuación se enmarca en sus funciones de vigilancia para garantizar el respeto a la libre competencia económica y que el pliego de cargos constituye apenas una etapa inicial. El expediente pasará ahora a una fase de evaluación en la que se determinará si procede la imposición de sanciones económicas y disciplinarias a los responsables.

El organismo también destacó que este caso puede tener repercusiones en la formulación de nuevas políticas orientadas a prevenir prácticas de colusión y corrupción en la contratación pública, reforzando los mecanismos de transparencia y control en la administración de los recursos estatales.