Se suspende órdenes de captura contra líderes de las Autodefensas de la Sierra Nevada: Gobierno Petro sigue premiando criminales

La Fiscalía General de la Nación anunció la suspensión temporal de las órdenes de captura contra tres representantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), un grupo armado que opera en el norte de Colombia y que ha sido vinculado a actividades ilegales en la región.

La decisión, que responde a una solicitud de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, estará vigente por un periodo de cuatro meses con el objetivo de “facilitar las negociaciones de paz” con el Estado.

Los beneficiados por esta medida son José Luis Pérez Villanueva, Loryin Emilio Pertuz Ballestas y Orlando Pérez Ortega, quienes han sido designados como representantes de las ACSN en la Mesa de Diálogos establecida con el Gobierno.

Estos voceros podrán desplazarse sin restricciones en áreas de la Sierra Nevada de Santa Marta, abarcando varios municipios en los departamentos de La Guajira y Magdalena, como Riohacha, Fonseca, Aracataca y otros.

Adicionalmente, se permitirá su desplazamiento hacia Bogotá para participar en actividades directamente relacionadas con el proceso de paz.

Limitaciones a la suspensión: crímenes graves quedan excluidos

La Fiscalía aclaró que esta suspensión de capturas tiene limitaciones. No aplicará en caso de flagrancia en delitos graves que impliquen violaciones a los derechos humanos, tales como secuestro o extorsión, ni en infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

La medida, enfatizó que el ente acusador, no representa una exención de responsabilidad, ya que cualquier acción delictiva de gran impacto resultaría en la intervención inmediata de las autoridades.

Además, los voceros deberán firmar un acta de compromiso, obligándose a no cometer nuevos delitos, a no portar armas y a evitar el uso de prendas de las fuerzas de seguridad.

Este requerimiento es visto como un mecanismo para garantizar que los miembros de las ACSN respeten el proceso y demuestren, en efecto, su disposición a “transitar de la ilegalidad al Estado de derecho”.

Apuesta arriesgada por la reconciliación

La resolución 300 de 2024, emitida por el presidente Gustavo Petro, abrió un espacio de diálogo con las ACSN desde el 1 de agosto. Esta resolución busca evaluar la voluntad de este grupo para someterse a la justicia y abandonar sus actividades ilegales, en lo que el Gobierno ha llamado una “conversación sociojurídica”.

Como muestra de su intención de colaborar, las ACSN anunciaron en agosto un cese unilateral de operaciones ofensivas en sus áreas de influencia, subrayando su compromiso con la construcción de una “paz estable y justa”.

Aunque el Gobierno y sus representantes defienden la medida como una estrategia para avanzar en la búsqueda de la paz, sectores críticos y familiares de las víctimas de estos grupos armados han expresado sus reservas sobre las concesiones hechas a la ACSN.

Desde la firma de acuerdos similares en el pasado, se teme que esta estrategia pueda consolidar la impunidad de actores armados con antecedentes graves, generando dudas sobre el compromiso real de estas organizaciones con el cese de la violencia.

El Gobierno Petro, a través de su Comisionado para la Paz, sostiene que este es un paso necesario para poner fin a décadas de conflicto, y que cada avance en la mesa de diálogos se evaluará con estricto rigor jurídico. Sin embargo, la suspensión de órdenes de captura sigue siendo un punto controversial que plantea interrogantes sobre el costo de la paz y los límites de la negociación con grupos armados.