Fiscalía mantiene fecha de indagatoria al expresidente Álvaro Uribe por los casos de El Aro y La Granja

La Fiscalía General de la Nación decidió mantener la fecha de indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez dentro del proceso que investiga su presunta relación con las masacres de El Aro y La Granja, así como con el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

El expresidente a través de su X dio a conocer el hecho, dado que el ente acusador negó una solicitud de aplazamiento formulada por la Procuraduría General de la Nación. La información fue divulgada por Uribe Vélez manifestando su inconformidad con la determinación adoptada por la Fiscalía y aseguró que la Procuraduría había solicitado posponer la diligencia debido a que aún no se habían practicado pruebas que, según indicó, fueron decretadas previamente por la propia Fiscalía.

De acuerdo con lo expresado por Uribe, la petición presentada por el Ministerio Público se sustentó en la necesidad de completar la práctica de elementos probatorios considerados relevantes para el desarrollo del proceso. El exjefe de Estado afirmó que, pese a ese planteamiento, la Fiscalía resolvió mantener la programación de la indagatoria al considerar que dispone de suficientes elementos para inferir una eventual participación en los hechos que son objeto de investigación.

Uribe sostuvo que la negativa a modificar la fecha de la diligencia limita las posibilidades de ejercer plenamente su derecho a la defensa, al señalar que varias de las pruebas pendientes aún no han sido incorporadas al expediente. En su pronunciamiento, el expresidente aseguró que el proceso tiene un componente político y manifestó que la actuación de la Fiscalía responde, según su versión, a intereses ajenos al ámbito estrictamente judicial.

Uribe afirmó que detrás de la decisión existe un compromiso del ente investigador con distintos actores políticos e institucionales, entre ellos el exministro Iván Velásquez, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el senador Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro.

Asimismo, sostuvo que el objetivo sería obtener una decisión judicial en su contra. Estas afirmaciones corresponden a declaraciones realizadas por el exmandatario y no hacen parte de una decisión judicial ni de un pronunciamiento de la Fiscalía sobre esos señalamientos.

También cuestionó la interpretación que, a su juicio, hizo la Fiscalía de un fallo de tutela relacionado con el avance de la investigación. Según Uribe, esa decisión judicial únicamente ordenaba informar sobre el estado del proceso y no imponía la obligación de citarlo a indagatoria en ese momento, como afirmó habría sostenido el exfiscal general Eduardo Montealegre.

En la parte final de su pronunciamiento, el expresidente insistió en que la legislación colombiana establece la indagatoria como un mecanismo de defensa para el investigado. Sin embargo, sostuvo que la ausencia de las pruebas cuya práctica considera esencial impediría ejercer ese derecho en condiciones adecuadas.

El ente investigador no se pronunció, en el contenido suministrado, sobre los cuestionamientos formulados por el exmandatario ni sobre las afirmaciones relacionadas con las motivaciones del proceso. La investigación continúa dentro de las actuaciones ordinarias de la Fiscalía, mientras se mantiene la programación de la indagatoria en el marco del expediente por las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato de Jesús María Valle.