Resolución del CNE abre investigación contra Petro por violación de topes en campaña

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió formalmente una investigación en contra del presidente Gustavo Petro, debido a la presunta violación de los topes de financiamiento durante la campaña presidencial del Pacto Histórico en 2022.

A través de la resolución 05175, expone la formulación de cargos contra cinco responsables de la campaña, incluidos el actual Presidente y el ex gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por la violación de topes en la campaña presidencial que supera los $5.300 millones de pesos.

La resolución, que cuenta con 339 páginas, se basa en la ponencia de los magistrados Benjamín Ortíz y Álvaro Hernán Prada, respaldada por la mayoría de la Sala Plena del CNE con siete votos a favor y dos en contra, estos últimos de las magistradas del Pacto Histórico, Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez.

El documento destaca 12 hechos clave que, según los investigadores, evidencian la presunta infracción de las normas sobre financiamiento electoral, lo que ha generado un escándalo político de gran envergadura.

Las pruebas de las irregularidades

Entre las pruebas recabadas por los magistrados destaca una donación no registrada de $500 millones de pesos por parte de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE).

Los magistrados señalan que estos fondos habrían sido triangulados a través del partido Colombia Humana para no ser contabilizados en la campaña de Petro. Según los hallazgos, el dinero fue canalizado hacia la empresa Ingenial Media S.A.S., la cual prestó servicios de control electoral durante la primera vuelta.

FECODE intentó desvirtuar estas pruebas mediante una escritura pública presentada ante una notaría en Bogotá, cuatro meses después de la primera vuelta electoral, pero los magistrados no aceptaron dicho documento.

Otro de los hechos relevantes involucra un préstamo de 500 millones de pesos del Polo Democrático Alternativo que no fue registrado en las cuentas de la campaña, lo que habría buscado encubrir un gasto adicional de $367 millones en propaganda electoral, violando los límites de financiamiento.

Recursos para testigos electorales

Uno de los puntos más críticos de la investigación tiene que ver con los pagos realizados a los testigos electorales. Se destinaron más de $931 millones de pesos en la primera vuelta y $177 millones en la segunda, para más de 35.000 testigos en total.

Los pagos fueron realizados por Ingenial Media a través de la empresa Matrix Giros y Servicios S.A.S., pero no existe registro claro de los recursos utilizados, lo que ha llevado al CNE a cuestionar la procedencia de dichos fondos.

La resolución también pone en evidencia inconsistencias en contratos de transporte aéreo con la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), que proveyó el avión utilizado por Petro. Además, se encontraron omisiones en la factura de $100 millones de pesos por la celebración de la victoria electoral en el Movistar Arena y el financiamiento prohibido de otra factura de $150 millones a través de la empresa ServiRed.

Otros pagos irregulares incluyen más de $500 millones de pesos para la logística y operación de los testigos electorales, financiados por la Unión Sindical Obrera (USO).

Sanciones y consecuencias

De ser hallados responsables, tanto Gustavo Petro como los demás implicados podrían enfrentar multas significativas, de entre el 1 % y el 10 % de los recursos otorgados por el Estado para la campaña, según lo estipula el artículo 21 de la ley 996 de 2005.

Asimismo, se les podría exigir la devolución total o parcial de los recursos recibidos. Los partidos involucrados, Colombia Humana y Unión Patriótica, podrían enfrentar multas que oscilarían entre $18 y $184 millones de pesos, además de la posible suspensión del financiamiento estatal.

El plazo para que los implicados presenten sus descargos y las pruebas que pretendan utilizar para controvertir la investigación es de 15 días hábiles a partir de la notificación de la resolución.

Este proceso contra la campaña presidencial de 2022 representa un golpe contundente para el gobierno de Petro, quien enfrenta una creciente presión política mientras el CNE y otras instancias, como la Fiscalía, continúan con las investigaciones.

Vea la Resolución completa aquí

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