Gobierno de Petro deberá entregar informes completos o enfrentará sanciones disciplinarias

En una directiva conjunta emitida este 30 de junio de 2026, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República hicieron un llamado contundente a los servidores públicos del orden nacional para cumplir con la entrega completa y oportuna de los informes de gestión en el marco del proceso de transición gubernamental, advirtiendo posibles sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento.

El documento, identificado como la Directiva Conjunta No. 001 de 2026, establece con claridad que el gobierno saliente tiene la obligación legal de presentar un informe detallado que dé cuenta del estado de los asuntos públicos, los recursos ejecutados y aquellos pendientes al cierre del periodo constitucional. Según el texto, “este debe referir los asuntos y recursos públicos, tanto ejecutados como pendientes, al momento de culminar su periodo constitucional”.

Las entidades de control enfatizan que este informe no es un trámite opcional, sino un deber legal que debe incluir la totalidad de los temas bajo responsabilidad de la administración, así como el manejo de los recursos financieros, humanos y administrativos. En ese sentido, advierten que “se trata de un deber que no admite excepciones y cuyo incumplimiento puede dar lugar a las investigaciones establecidas por el ordenamiento jurídico”.

La directiva también precisa que, en caso de que un servidor público omita la entrega de este informe, podrá ser requerido por los órganos de control para cumplir con la obligación. De persistir la omisión, se advierte que “el servidor podrá ser objeto de la correspondiente sanción disciplinaria, de conformidad con la ley”.

Además del componente disciplinario, la Contraloría y la Procuraduría reiteran su papel en la vigilancia del cumplimiento de estas disposiciones. En el documento se señala que ambas entidades tienen la responsabilidad de supervisar que los procedimientos establecidos se cumplan, mientras que la Procuraduría adelantará las investigaciones disciplinarias en los casos que correspondan, conforme a la normativa vigente.

El pronunciamiento también pone el foco en aspectos clave del empalme, como la necesidad de identificar asuntos que involucren competencias compartidas entre distintos niveles de gobierno, así como situaciones en las que otras administraciones hayan asumido funciones para garantizar derechos fundamentales o el acceso a servicios públicos esenciales. El objetivo, según explican, es permitir que la nueva administración tenga claridad sobre las obligaciones en curso y pueda dar continuidad a la gestión pública.

Otro punto central de la directiva es la revisión del estado contractual del Estado. Se recomienda que el gobierno saliente verifique que todos los contratos —suscritos, ejecutados, liquidados o en curso— estén debidamente publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). Asimismo, se exige entregar información detallada sobre contratos próximos a vencer, procesos en curso y aquellos que presenten dificultades, incumplimientos o controversias.

Finalmente, las entidades hacen un llamado a garantizar la transparencia en este proceso, señalando que los informes y sus documentos soporte deben estar disponibles para consulta pública, salvo las excepciones legales. También insisten en la necesidad de entregar información “suficiente, verificable y oportuna” para evitar posibles responsabilidades disciplinarias, fiscales o de otra naturaleza.