Procuraduría revisará borrador de decreto que propone fijar en pesos el valor de la vivienda de interés social

La Procuraduría General de la Nación inició un seguimiento preventivo al proyecto de decreto elaborado por el Gobierno nacional que plantea modificar la forma en que se fija el precio de la vivienda de interés social (VIS) en Colombia.

El borrador, publicado por el Ministerio de Vivienda para comentarios, propone que estos inmuebles dejen de comercializarse con base en salarios mínimos legales mensuales vigentes y pasen a establecerse directamente en pesos colombianos.

La revisión está a cargo de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, que solicitó al Ministerio de Vivienda la información técnica que sustenta el cambio planteado. El requerimiento busca conocer los estudios y análisis que respaldan la iniciativa, así como los criterios utilizados para evaluar sus posibles efectos sobre el mercado de la vivienda y los adquirentes de este tipo de inmuebles.

Entre los aspectos solicitados por el ente de control se encuentra la definición del régimen de transición que se aplicaría a los proyectos de vivienda de interés social que se encuentran en ejecución, así como a las promesas de compraventa que ya han sido suscritas bajo el esquema vigente. La Procuraduría también pidió precisiones sobre las medidas de protección al consumidor que acompañarían la eventual modificación normativa.

En un pronunciamiento preliminar, la entidad advirtió que el cambio propuesto podría generar distintas implicaciones. Según señaló, reformar el sistema de adquisición de vivienda de interés social, al pasar de un cálculo expresado en salarios mínimos a uno fijado en pesos, podría derivar en riesgos de carácter normativo, contractual, financiero y social.

De acuerdo con la Procuraduría, estos escenarios podrían traducirse en eventuales controversias judiciales, reclamaciones de los compradores o dificultades en el cumplimiento de contratos ya pactados.

El Ministerio Público indicó que este tipo de ajustes requiere un análisis detallado debido a la incidencia que la vivienda de interés social tiene en amplios sectores de la población y en el desarrollo de políticas públicas orientadas al acceso a vivienda. La advertencia se formula en el marco de las funciones preventivas de la Procuraduría, sin que implique una decisión de fondo sobre la legalidad o conveniencia del proyecto.

Con el fin de examinar el alcance de la propuesta y propiciar un intercambio de posiciones entre las entidades involucradas y otros actores del sector, la Procuraduría General convocó a una mesa técnica interinstitucional. El encuentro fue programado para el próximo 28 de enero en Bogotá y contará con la participación de autoridades, representantes del sector vivienda y otros interesados.

La mesa técnica busca recopilar insumos que permitan evaluar los efectos de la iniciativa, aclarar los puntos que generan inquietud y analizar las condiciones necesarias para garantizar seguridad jurídica y claridad para los compradores, constructores y entidades involucradas en el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social. El seguimiento al proyecto continuará mientras avanza el proceso de revisión y comentarios al borrador de decreto.