Procuraduría pidió revisión de hoja de vida, mecanismo de vinculación, y datos actualizados de Wilmar Mejía

La Procuraduría General de la Nación informó que adelanta investigaciones tras conocer revelaciones periodísticas que apuntarían a posibles alianzas entre altos mandos del Estado colombiano y las disidencias de las Farc, específicamente bajo el liderazgo de alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá”. Estas versiones han generado nuevos cuestionamientos en distintos sectores.

Entre los funcionarios mencionados se encuentran el general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército Nacional, y Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

En declaraciones a medios de comunicación, el procurador general, Gregorio Eljach, confirmó que la entidad avanza en las diligencias preliminares para investigar tanto al brigadier general Juan Miguel Huertas como a Wilmar de Jesús Mejía, director de la DNI, a raíz de la información divulgada en los informes periodísticos.

Eljach explicó que, una vez conocidas las denuncias, la Procuraduría abrió de inmediato la indagación preliminar y que ya se identificaron las primeras pruebas. Agregó que se espera contar pronto con resultados iniciales que permitan determinar si procede la apertura de una investigación formal o si corresponde tomar otra decisión dentro del proceso disciplinario.

Como parte de las actuaciones, la Procuraduría solicitó al Ejército Nacional la hoja de vida y la descripción de las funciones actuales del general Huertas. Así mismo, pidió a la Dirección Nacional de Inteligencia confirmar si Wilmar Mejía está adscrito a esa entidad y, de ser así, remitir información detallada sobre su periodo de vinculación, cargos desempeñados, funciones asignadas, mecanismos de incorporación y datos actualizados.

La entidad también requirió a la Fiscalía General de la Nación verificar si existen procesos en curso relacionados con estos hechos, incluida la información incautada en julio de 2024, cuando una caravana de las disidencias fue detenida en un retén militar. Estos requerimientos se sustentan en el artículo 62 del Código Disciplinario, que establece como falta gravísima cualquier acción orientada a promover, facilitar o colaborar con grupos armados ilegales.

El caso ha desatado una amplia ola de cuestionamientos y permanece sin plena claridad, pese a que el presidente Gustavo Petro solicitó recientemente un examen forense a los chats vinculados al caso de alias “Calarcá”.

En días recientes también se divulgó un audio atribuido a Mejía, en el que se dan instrucciones relacionadas con el manejo de información sensible y acciones para influir en la percepción pública del presidente en medio del escándalo.

Los reportes difundidos señalan, además, que tanto Huertas como Mejía habrían participado presuntamente en un acuerdo de no confrontación entre el Ejército y las disidencias, facilitando datos como frecuencias radiales, números de contacto y correos institucionales para coordinar movimientos y evitar enfrentamientos. En el caso del general Huertas, se menciona que habría ofrecido protección para el traslado de líderes disidentes, incluso acompañándolos personalmente para evadir controles en retenes. Sobre Mejía, quien además fue designado por el presidente Petro como miembro del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, los informes indican que tendría un rol de amplio alcance dentro de la DNI.

La Procuraduría continúa con la recopilación de información para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.