Procuraduría formuló cargos contra concejales de Cantagallo por presuntas irregularidades en adición presupuestal

La Procuraduría General de la Nación ha tomado medidas contundentes frente a posibles irregularidades administrativas en el departamento de Bolívar. En una decisión reciente, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barrancabermeja notificó la formulación de pliego de cargos contra tres integrantes del Concejo Municipal de Cantagallo, vinculados al periodo constitucional 2024-2027. Los implicados en este proceso disciplinario son los cabildantes Malver Torrejano, Norelvis María Hernández Arraez y Lizandro Godoy Pedrozo.

Investigación por adición de recursos en Cantagallo

El núcleo de la investigación se centra en la actuación de estos tres funcionarios como miembros de la Comisión Permanente de Presupuesto de la corporación. Según el Ministerio Público, los concejales habrían otorgado su voto favorable durante el trámite y posterior aprobación del Proyecto de Acuerdo No. 001 de 2025. A través de este acto administrativo, se autorizó la incorporación de una suma considerable de recursos al presupuesto de la actual vigencia, ascendiendo a un total de $10.986 millones.

El reproche disciplinario formulado por el ente de control sostiene que dicha adición presupuestal se habría realizado utilizando dineros provenientes de procesos de contratación que, para el momento de la aprobación, todavía se encontraban en curso. La irregularidad radicaría en que los concejales, presuntamente, no verificaron el cumplimiento de las exigencias legales mínimas requeridas para que tales recursos pudieran ser incorporados formalmente al erario municipal. Esta omisión en el deber de vigilancia y control sobre los fondos públicos es lo que motiva el llamado a responder ante la justicia disciplinaria.

Es fundamental precisar que, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, la formulación de cargos representa una etapa procesal donde la Procuraduría concreta las conductas que considera irregulares y señala las normas que habrían sido vulneradas. Este paso no constituye una sanción definitiva. A partir de esta notificación, los investigados cuentan con todas las garantías para conocer el expediente, presentar sus descargos, solicitar las pruebas que consideren pertinentes y ejercer su derecho a la defensa antes de que se produzca un fallo de primera instancia. Por tanto, los concejales Malver Torrejano, Norelvis María Hernández Arraez y Lizandro Godoy Pedrozo mantienen su presunción de inocencia.

Compulsa de copias y otros funcionarios implicados

La actuación de la Procuraduría no se limitó exclusivamente a los miembros del Concejo. En el mismo auto, el órgano de control ordenó la compulsa de copias a las dependencias competentes para que se evalúe si existe mérito suficiente para iniciar investigaciones disciplinarias contra otros altos funcionarios de la administración de Cantagallo. Entre los nombres mencionados en esta determinación se encuentran el alcalde municipal, Omar Devanys Esparragoza Ponce; el secretario de Hacienda y Finanzas, Joel Emiro Alcocer Guerra; y el secretario de Planeación e Infraestructura, Alexander Rodríguez Sarmiento.

Este escenario pone de manifiesto una vigilancia rigurosa sobre la gestión financiera de Cantagallo, un municipio con vocación petrolera situado en la región del Magdalena Medio. Cabe recordar que esta localidad ha estado bajo el escrutinio del Ministerio Público anteriormente; de hecho, en 2026, la Procuraduría ya había formulado cargos contra una exalcaldesa por presuntas fallas en la contratación, en un proceso que se desarrolla de forma independiente a los hechos actuales.

Situación administrativa en el municipio de Simití

De manera paralela, la Procuraduría extendió sus acciones al municipio de Simití, también en el departamento de Bolívar. En este caso, se formuló pliego de cargos contra el alcalde Wilman Eli Quintana González y dos servidoras públicas de su administración: Marlen Cecilia Larios Mejía, quien se desempeña como jefa de Personal, y Mónica María Celis Posso, secretaria de Asuntos Jurídicos y Administrativos.

El cuestionamiento en Simití se origina por el nombramiento de Celis Posso en la mencionada secretaría jurídica. De acuerdo con las indagaciones preliminares, la funcionaria presuntamente no acreditó el título de abogada, el cual es un requisito legal indispensable para ejercer dicho cargo. Al mandatario Quintana González y a la jefa de Personal, Larios Mejía, se les reprocha su papel en la designación y posesión de la funcionaria, mientras que a Celis Posso se le cuestiona el haber asumido las funciones sin cumplir con el perfil académico exigido.

Tras la notificación de estos cargos, tanto los concejales de Cantagallo como los funcionarios de Simití tendrán la oportunidad procesal de presentar sus versiones y pruebas. Aunque no se han fijado fechas exactas para las audiencias, el Código General Disciplinario establece que, de hallarse responsabilidad, las sanciones podrían variar desde amonestaciones y multas hasta la suspensión, destitución o inhabilidad para ejercer cargos públicos, dependiendo de la gravedad de la falta cometida.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la Procuraduría formuló cargos contra tres concejales de Cantagallo?

Se les investiga por aprobar una adición presupuestal de $10.986 millones presuntamente sin cumplir los requisitos legales, al usar dineros de contratos que aún estaban en curso.

¿Quiénes son los funcionarios implicados en este proceso?

Los cargos directos son para los concejales Malver Torrejano, Norelvis Hernández y Lizandro Godoy; además, se ordenó evaluar investigaciones contra el alcalde Omar Esparragoza y sus secretarios de Hacienda y Planeación.

¿Qué otra irregularidad detectó el ente de control en el departamento de Bolívar?

En el municipio de Simití, se formularon cargos contra el alcalde Wilman Quintana y dos funcionarias por el nombramiento de una secretaria jurídica que presuntamente no acreditó su título de abogada.