Vigilancia preventiva de la Procuraduría sobre el millonario contrato de la vía Duitama–Charalá–San Gil

La Procuraduría General de la Nación ha formalizado una intervención de carácter preventivo en relación con el Contrato de Obra No. 987 de 2021, bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Vías (Invías). Este proyecto, que tiene como objetivo principal el mejoramiento y pavimentación del corredor vial que conecta a los departamentos de Boyacá y Santander, cuenta con una inversión asignada de $310.625 millones. La acción del ente de control surge en un momento crítico, dado que la obra acumula ya seis años en proceso de ejecución, lo que ha generado diversas inquietudes sobre su culminación efectiva.

Alcance de la intervención del ministerio público

Es fundamental precisar que, a diferencia de los procesos de investigación disciplinaria convencionales, esta actuación preventiva no tiene como fin inmediato la imposición de sanciones a funcionarios públicos, ni parte de la premisa de que exista una falta cometida. Por el contrario, se constituye como una herramienta de supervisión técnica y administrativa mediante la cual la Procuraduría monitorea la gestión pública en tiempo real. El propósito central es identificar riesgos potenciales, exigir el cumplimiento estricto de la normativa vigente y salvaguardar el patrimonio estatal, así como los derechos fundamentales de las poblaciones impactadas por la obra.

No obstante, el marco legal establece que si durante este seguimiento se detectan indicios de irregularidades o conductas que contravengan la ley, la entidad posee la facultad de iniciar indagaciones disciplinarias formales. Asimismo, podría compulsar copias a otros organismos de control y justicia, tales como la Contraloría General de la República o la Fiscalía General de la Nación. Hasta la fecha actual, 9 de noviembre de 2026, no se han reportado decisiones de esta índole, manteniéndose el proceso en una fase de vigilancia y acopio de información técnica.

Requerimientos de información al Invías y autoridades locales

En el marco de esta vigilancia, el órgano de control ha solicitado al Invías un reporte detallado que incluya el estado actual del avance físico y financiero del contrato. La petición hace especial énfasis en las condiciones de transitabilidad del corredor y en el nivel de cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas con el contratista. Un punto de especial atención para la Procuraduría son los estudios técnicos que sustentan el trazado del denominado "paso nacional", el cual está proyectado para atravesar el casco urbano del municipio de Charalá.

Por otro lado, la Alcaldía de Charalá también ha sido vinculada a este requerimiento. La administración municipal deberá informar sobre las gestiones realizadas en temas cruciales como el ordenamiento territorial, la seguridad vial y la protección del patrimonio histórico y cultural de la zona. Además, se ha solicitado claridad sobre los mecanismos de participación ciudadana implementados para socializar el proyecto. Aunque se conoce la existencia de estos requerimientos, los plazos específicos otorgados para la entrega de las respuestas no han sido de conocimiento público todavía.

Preocupaciones de la comunidad y el entorno histórico

La intervención de la Procuraduría tiene una base sólida en las constantes peticiones de los habitantes de Charalá. Los representantes de la comunidad han manifestado su oposición a que la vía principal cruce por el centro del casco urbano, argumentando que esto afectaría la integridad del municipio. En su lugar, han propuesto la construcción de una variante que desvíe el tráfico pesado y preserve la tranquilidad de la población. Charalá es reconocida históricamente como la cuna de la gesta comunera, por lo que la protección de su patrimonio material, inmaterial y paisajístico es una prioridad para sus residentes.

Los ciudadanos exigen que el proyecto respete las normas de ordenamiento territorial vigentes y que no se sacrifique la identidad cultural en favor de la infraestructura vial. Esta tensión entre el desarrollo técnico y la preservación histórica es uno de los ejes que la Procuraduría evaluará con detenimiento tras recibir la documentación solicitada.

Detalles contractuales y licencias ambientales

El Contrato de Obra No. 987 de 2021 fue formalizado entre el Invías y la empresa MINCIVIL S.A. Durante el transcurso de este año, específicamente en mayo, la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) desempeñó un papel relevante al destrabar procesos administrativos que se encontraban estancados por quejas relacionadas con demoras en trámites ambientales. A través de dos actos administrativos, se permitió la continuidad de las intervenciones en el terreno.

La primera de estas decisiones, la Resolución DGL No. 000308, otorgó a la firma contratista un permiso de ocupación permanente de cauce. Esta autorización es necesaria para la edificación de 53 estructuras de drenaje esenciales para la estabilidad de la vía, incluyendo alcantarillas, box culverts (estructuras de concreto diseñadas para el flujo de agua bajo la calzada) y diversas obras de protección de orillas. Estas labores se concentran entre los puntos de referencia PR 70+000 y PR 83+800. Adicionalmente, la Resolución DGL No. 000309 autorizó el aprovechamiento forestal único en una extensión de 45,47 hectáreas dentro del área de influencia directa del proyecto vial.

Importancia estratégica del corredor vial

La vía Duitama–Charalá–San Gil no es solo un proyecto de infraestructura, sino un eje estratégico para la conectividad regional. Su trazado une a las provincias de Tundama, en el departamento de Boyacá, con la provincia de Guanentá, en Santander. La finalización de este corredor ha sido una de las demandas más persistentes y antiguas de las comunidades de ambos departamentos, quienes ven en esta carretera una oportunidad para dinamizar la economía, el turismo y el transporte de productos agrícolas.

Con el análisis de la información que suministren tanto el Invías como la Alcaldía de Charalá, la Procuraduría determinará si la ejecución del contrato se ajusta a lo establecido legalmente y si el trazado propuesto cuenta con el respaldo técnico y social necesario para garantizar su viabilidad a largo plazo sin perjudicar a los habitantes de la región.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la Procuraduría intervino el contrato de la vía Duitama–Charalá–San Gil?

El ente de control inició una vigilancia preventiva debido a que la obra, que cuenta con una inversión de $310.625 millones, ya acumula seis años en ejecución sin haber finalizado.

¿Qué información específica se le solicitó al Invías y a la Alcaldía de Charalá?

Se pidió un reporte detallado sobre el avance físico y financiero del proyecto, los estudios técnicos del trazado en el casco urbano de Charalá y las gestiones para proteger el patrimonio histórico de la zona.

¿Cuál es la principal preocupación de la comunidad frente a esta obra?

Los habitantes de Charalá se oponen a que la vía principal atraviese el centro del municipio y proponen una variante para desviar el tráfico pesado y así preservar su identidad cultural y patrimonio.