Procuraduría emitió Directiva 012 de 2026 con lineamientos para entidades territoriales en materia de bienestar animal

El documento fue firmado por el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, y responde a la verificación de incumplimientos reiterados en la aplicación de disposiciones legales por parte de distintas administraciones territoriales. La directiva contiene un total de 22 disposiciones que fijan responsabilidades específicas para las entidades del orden nacional y territorial.

Entre las medidas incluidas se encuentra la ejecución inmediata de jornadas de esterilización de animales, así como la implementación de la estrategia de Captura, Esterilización y Retorno (CER) para animales en condición de calle o sin hogar. Estas acciones tendrán que ser articuladas con las autoridades locales competentes y con apoyo de las entidades encargadas de la gestión ambiental y sanitaria en cada jurisdicción.

El documento también establece la obligación de crear o poner en funcionamiento centros de bienestar animal en cada municipio del país. Las administraciones municipales deberán presentar ante la Procuraduría, en un plazo máximo de 90 días, un plan de acción que permita evidenciar la estructuración o adecuación de dichos espacios.

En el mismo sentido, se ordena a gobernadores y alcaldes que aún no hayan avanzado en la formulación de los Centros Regionales de Bienestar Animal (CRBA) elaborar los respectivos planes de implementación, junto con la creación de un Fondo Municipal de Protección Animal destinado a la financiación de acciones de cuidado y atención de animales.

En materia de gestión institucional, la directiva contempla la capacitación de inspectores de policía para la aplicación del Proceso Verbal de Maltrato Animal, herramienta contemplada en la normativa vigente, así como la implementación del Curso de Sensibilización establecido en la Ley Ángel. Estas disposiciones buscan fortalecer la capacidad operativa de las autoridades encargadas de atender casos relacionados con maltrato animal en los distintos niveles administrativos.

Dentro de las responsabilidades asignadas a las entidades del orden nacional, el Ministerio de Ambiente deberá expedir la Ruta de Atención al Maltrato Animal, un instrumento que se encontraba pendiente desde octubre de 2025. De igual forma, el Ministerio de Educación deberá incorporar contenidos relacionados con bienestar animal y tenencia responsable en los currículos escolares, como parte de los procesos de formación en instituciones educativas oficiales y privadas del país.

La directiva establece además la creación de una Mesa Nacional de Seguimiento, coordinada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios. Esta instancia contará con la participación de ministerios, entidades territoriales, juntas defensoras de animales y organizaciones dedicadas a la protección animal, con el fin de realizar seguimiento a la implementación de las disposiciones y consolidar información sobre el avance de las obligaciones establecidas.

Las entidades destinatarias tendrán que presentar informes semestrales sobre el cumplimiento de las medidas ordenadas. La Procuraduría advirtió que el incumplimiento de las obligaciones por omisión o negligencia administrativa puede dar lugar a la configuración de faltas disciplinarias conforme a la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, en el marco del régimen disciplinario vigente para servidores públicos en Colombia.

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