Procuraduría abrió investigación por presuntas irregularidades en contrato de compra de drones de la Policía

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de sistemas aéreos remotamente tripulados (SIART), conocidos como drones, destinados a la Policía Nacional. La investigación se originó tras un contrato suscrito en 2022, cuyo valor superó los $3.700 millones, y busca determinar si durante las etapas precontractual y de ejecución se presentaron posibles fallas que pudieran constituir faltas disciplinarias por parte de los funcionarios encargados del proceso.

Se conoció que la investigación fue dirigida contra integrantes del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (FORPO) y del Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando (CIPPA), entidades que participaron en la estructuración, verificación y seguimiento del contrato.

Dentro del proceso fueron vinculados el coronel (r) Didier Alberto Estrada Álvarez, quien para la época de los hechos ejercía como director general del FORPO; la capitán Alejandra Sepúlveda Figueroa, quien se desempeñaba como coordinadora del CIPPA; el intendente Ismael de Aguas Boea, encargado de la verificación de información en esa dependencia y el mayor Edwin Arley Espejo Navarro, quien cumplía funciones como supervisor del contrato por parte del FORPO.

Según informó la Procuraduría, la investigación tiene como objetivo establecer si existieron posibles deficiencias en la formulación de los factores de selección del contratista durante el proceso de adquisición de los equipos tecnológicos.

El Ministerio Público también revisará las actuaciones relacionadas con la vigilancia y el control ejercidos durante la ejecución contractual, con el propósito de determinar si las obligaciones establecidas en el contrato fueron supervisadas de acuerdo con los procedimientos correspondientes.

La entidad señaló que el proceso permitirá establecer las circunstancias en las que se adelantó la contratación y verificar si las actuaciones de los funcionarios involucrados se ajustaron a los deberes propios de sus cargos.

El contrato investigado correspondió a la adquisición de sistemas aéreos remotamente tripulados para la Policía Nacional, herramientas destinadas al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la institución. Sin embargo, la Procuraduría abrió la actuación disciplinaria para revisar si la planeación y ejecución del proceso contractual se desarrollaron conforme a la normatividad vigente.

La investigación se encuentra en etapa inicial, por lo que el organismo de control adelantará la recopilación de pruebas y el análisis de la documentación relacionada con el contrato antes de determinar si existen elementos suficientes para formular cargos disciplinarios.

Con esta actuación, la Procuraduría busca determinar si el proceso de adquisición de los drones para la Policía Nacional cumplió con los principios que rigen la contratación pública y si los responsables de las diferentes etapas del contrato actuaron conforme a sus obligaciones legales.

Hay que aclarar que la apertura del proceso no implica una responsabilidad definida contra los funcionarios vinculados, sino que corresponde a una fase de investigación orientada a esclarecer los hechos y establecer si hubo conductas que puedan tener relevancia disciplinaria.

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