(EN VIDEO) Contraloría abrió proceso fiscal por pagos de más de $6.500 millones en consultas al RUNT realizadas por la SecMovilidad de Bogotá

La actuación involucra a exfuncionarios de la entidad y a un exdirectivo de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), mientras el organismo de control adelanta la investigación y la Secretaría sostiene que las consultas correspondían a procedimientos contemplados en la normatividad vigente.

La decisión de la Contraloría se originó tras una auditoría financiera practicada sobre la vigencia 2024, en la que fueron revisados dos convenios interadministrativos relacionados con la operación del Sistema Inteligente de Transporte. Dentro de ese análisis, el organismo de control examinó los recursos destinados a consultas del RUNT utilizadas en procesos administrativos adelantados por la Secretaría Distrital de Movilidad.

De acuerdo con el ente de control, entre 2021 y 2024 la entidad realizó 5.467.476 consultas al RUNT, por las cuales fueron pagados 6.501.689.565 pesos mediante convenios suscritos con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. La información obtenida era utilizada para identificar propietarios de vehículos, verificar direcciones para la notificación de comparendos y consultar datos relacionados con el SOAT y la revisión técnico-mecánica, elementos empleados dentro de los procedimientos asociados al control de infracciones de tránsito.

Sin embargo, la Contraloría señaló que parte de esos datos también se encontraban disponibles en plataformas administradas por la propia Secretaría, entre ellas SIMUR, SIMIT, Fénix y SICON. A partir de esa revisión, el organismo consideró que debía establecerse si existía justificación para continuar realizando pagos por consultas cuya información, al menos parcialmente, ya reposaba en bases de datos institucionales.

El auto de apertura del proceso también indica que durante la auditoría fueron revisadas las disposiciones que regulan el funcionamiento del RUNT y que, de manera preliminar, no se encontró una norma que obligara a los organismos de tránsito a cancelar valores por acceder a esa información en el desarrollo de sus funciones. Con base en ese análisis, la Contraloría cuestionó la necesidad de esos desembolsos y anunció que evaluará las circunstancias en las que fueron autorizados.

La investigación también plantea que dichos pagos se habrían mantenido desde la creación del Convenio 1029 de 2010 sin que, según la Contraloría, se realizara una revisión jurídica y económica sobre su conveniencia. Asimismo, el organismo advirtió que las tarifas aplicadas por las consultas al RUNT permanecieron sin modificaciones durante más de catorce años.

Como parte del proceso fueron vinculados los exsecretarios de Movilidad Nicolás Estupiñán, Felipe Ramírez, Deyanira Ávila y Claudia Díaz, además de exsubsecretarios, supervisores de los convenios, otros funcionarios relacionados con su ejecución y el entonces vicepresidente Empresarial y Gobierno de la ETB, Camilo Andrés Olea Rodríguez. La Contraloría precisó que la apertura del proceso no constituye una declaración de responsabilidad fiscal y que los vinculados podrán presentar sus explicaciones y ejercer su derecho de defensa durante la actuación.

Por su parte, la Secretaría Distrital de Movilidad manifestó que la decisión corresponde únicamente al inicio de un proceso fiscal y que todavía no existe una determinación sobre la existencia de un detrimento patrimonial ni sobre responsabilidades individuales. La entidad sostuvo que las consultas al RUNT hacían parte de los procedimientos previstos para el desarrollo de funciones de control y de actuaciones administrativas relacionadas con comparendos y otros trámites de tránsito.

La Secretaría también indicó que la información requerida para esos procedimientos corresponde a consultas oficiales de datos específicos y que no equivale al servicio de consulta gratuita disponible para los ciudadanos. Añadió que las notificaciones fueron dirigidas a exdirectivos y contratistas que desempeñaron funciones durante el periodo analizado, quienes contarán con las garantías procesales establecidas por la ley.

La Contraloría informó que, por ahora, no fueron decretadas medidas cautelares dentro del proceso, aunque señaló que esa posibilidad permanece abierta en caso de que durante el desarrollo de la investigación surjan nuevos elementos que así lo justifiquen. Mientras tanto, la ETB indicó que no emitirá pronunciamientos sobre el caso.

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