(OPINIÓN) La inflación se sienta a la mesa. Por: Bernardo Henao Jaramillo

El último informe del DANE, correspondiente a septiembre de 2026, registra una inflación anual del 6,29 %, frente al 5,18 % de un año atrás. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas aumentaron un 6,74 %, mientras la división de restaurantes y hoteles presentó una variación del 9,44 %. Detrás de estos porcentajes están las decisiones que deben tomar los hogares para hacer rendir unos ingresos cada vez más comprometidos y escasos.

El denominado por la gente como el popular “corrientazo” ilustra ese deterioro. Un ejercicio del diario La República, citado por El Colombiano y elaborado con precios del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario Sipsa del DANE, estimó un incremento del 22,44 % en el costo de los ingredientes de un almuerzo tradicional: de $15.505 a $18.984. La cifra corresponde al costo estimado de sus componentes, no al precio promedio cobrado por los restaurantes.

Cuando alimentarse absorbe la mayor parte del presupuesto, otros consumos quedan pendientes. Renovar la ropa, comprar zapatos o recrearse pasan a un segundo plano. El sector de la moda queda expuesto al recorte del gasto disponible, mientras el comercio enfrenta una doble presión: mayores costos y clientes con menor capacidad de consumo.

Además, una reducción de la inflación no devuelve por sí sola los precios a sus niveles anteriores: significa que aumentan más despacio. Por eso, el alivio debe medirse en la capacidad real de los hogares para adquirir lo que necesitan.

A esta situación se suma el riesgo climático. El IDEAM confirmó la presencia de El Niño y advirtió que podría mantener una intensidad de fuerte a muy fuerte al menos hasta marzo de 2027. Las posibles afectaciones por el déficit hídrico y el mayor costo en la producción agropecuaria amenazan con añadir presión sobre los alimentos. La magnitud del golpe dependerá también de la preparación y de la capacidad de respuesta de las autoridades. Un préstamo que llega después de perder la cosecha ya no evita la escasez.

Al acercarse los primeros cien días del nuevo gobierno, los colombianos necesitan conocer las medidas concretas para enfrentar este panorama. La herencia recibida puede explicar el punto de partida, pero no puede convertirse en una excusa permanente para aplazar las soluciones.

El Gobierno debe presentar un programa inmediato para contener las alzas. Mantenimiento de distritos de riego, almacenamiento de agua, asistencia técnica, seguros agropecuarios y crédito oportuno para los productores expuestos a pérdidas. No basta con anunciar obras o ayudas cuyos resultados llegarían dentro de varios años. Se necesitan decisiones que comiencen a ejecutarse en días, con responsables identificados y seguimiento público.

El Gobierno debe comenzar por proteger la producción de alimentos: Prevenir el daño de una cosecha resulta más útil que anunciar auxilios cuando ya se ha perdido.

La primera tarea es asegurar que los alimentos disponibles lleguen a los mercados. Los ministerios de Agricultura, Transporte y Defensa deben identificar los corredores críticos de abastecimiento y actuar sobre sus obstáculos: atender derrumbes, habilitar pasos provisionales, establecer rutas alternativas y enfrentar la extorsión contra productores y transportadores. Cada interrupción prolongada puede traducirse en mercancía perdida, fletes más altos y comida más encarecida.

La segunda es intervenir los costos que pueden reducirse de inmediato. Corresponde revisar los aranceles vigentes de fertilizantes, alimentos para animales y otros insumos esenciales, y reducir temporalmente aquellos cuya eliminación resulte justificada. También deben agilizarse los trámites aduaneros y sanitarios, conservando los controles necesarios. Donde se compruebe un faltante de alimentos básicos, pueden facilitarse importaciones temporales y delimitadas, considerando las cosechas nacionales para evitar que el alivio de hoy termine debilitando la producción de mañana.

La tercera es acercar la oferta al consumidor. Alcaldías y gobernaciones pueden ampliar desde ahora los mercados campesinos, habilitar puntos temporales de venta y facilitar acuerdos de suministro entre asociaciones de productores, plazas de mercado y pequeños restaurantes. El apoyo debe concentrarse en transporte, espacios y logística, con precios visibles que permitan comprobar si el ahorro llega al comprador.

También se necesita vigilancia efectiva. Con la información Sipsa, las autoridades pueden identificar aumentos atípicos, contrastarlos con los costos y el abastecimiento e investigar posibles acuerdos ilegales de precios o maniobras de acaparamiento. Una alerta debe conducir a una verificación oportuna y, cuando exista una infracción, a la actuación correspondiente. La vigilancia debe traducirse en investigaciones y sanciones sustentadas en pruebas.

Hacienda, por su parte, debe revisar y aplazar gasto público prescindible que pueda alimentar las presiones de demanda. Las ayudas a los hogares más vulnerables deben ser focalizadas, temporales y financiadas mediante una reasignación clara de recursos. La respuesta debe proteger a quienes más lo necesitan sin agravar los desequilibrios que dificultan controlar la inflación.

Al mismo tiempo, el Gobierno debe coordinar su política económica con el Banco de la República y respetar su independencia. El esfuerzo monetario necesita una política fiscal coherente y acciones que mejoren el abastecimiento: las tasas de interés tienen un alcance limitado frente a obstáculos específicos de la oferta, como una cosecha perdida o una carretera bloqueada.

Ninguna medida aislada detendrá la inflación de un día para otro. Pero sí es posible actuar de inmediato sobre los factores que la fomentan: dificultades de abastecimiento, costos evitables, pérdidas de cosechas y desequilibrios del gasto. El Gobierno debería presentar en los próximos días un programa con presupuesto, responsables y fechas de ejecución, y publicar semanalmente sus avances en precios mayoristas, volúmenes de abastecimiento y costos de transporte.

Frente al próximo incremento del salario mínimo, el Gobierno debe procurar una recuperación sostenible del poder adquisitivo: compensar la inflación y sustentar la mejora real en la productividad, acompañándola de medidas que reduzcan los costos de producir alimentos, transportarlos y generar empleo formal. También debe avanzar en desvincular del salario mínimo los cobros que todavía aumentan con él. De poco sirve celebrar un incremento si luego el mercado, el transporte y el corrientazo absorben y superan lo ganado. El objetivo debe ser que el salario alcance para más y que las pequeñas empresas puedan sostener sus puestos de trabajo.

Al acercarse sus primeros cien días, es hora de dejar el espejo retrovisor y responder con medidas, responsables y plazos.

Milton Friedman lo expresó con precisión: «La inflación es un impuesto sin legislación». Ronald Reagan describió su dureza: «La inflación es tan violenta como un asaltante, tan aterradora como un ladrón armado y tan mortal como un sicario».

Los colombianos sienten ese despojo en cada mercado y en cada almuerzo. Cada mes sin soluciones se paga con menos comida en la mesa y más necesidades aplazadas.