Primer detenido no acepta cargos en caso Lili Pink

Walter Martínez Martínez, es el primer capturado dentro de la investigación relacionada con las tiendas Lili Pink y un juez de control de garantías en Bogotá deberá definir su situación jurídica, es decir que fue solicitada medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía General de la Nación ante el Juzgado 68 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, en el marco del proceso.

De acuerdo con la Fiscalía, el procesado estaría vinculado a un esquema en el que se habrían utilizado empresas importadoras como fachada para evadir controles aduaneros y facilitar el ingreso de mercancía al país. Según lo expuesto, estos productos tendrían como destino la comercialización a través de la mencionada marca.

Por estos hechos, a Martínez Martínez le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito. Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos formulados.

El ente acusador indicó que cuenta con elementos materiales probatorios que sustentan la solicitud de una medida privativa de la libertad, la cual será evaluada por el despacho judicial competente.

La investigación está relacionada con un operativo realizado el 27 de abril en distintas regiones del país. Durante esta intervención, las autoridades adelantaron diligencias en 405 establecimientos comerciales, así como en 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad vinculada al caso y en el fue capturado Martínez en la ciudad de Barranquilla.

Se ha indicado por parte de las autoridades que el detenido figuraba como representante legal de al menos siete empresas que harían parte de la estructura investigada.

La Fiscalía señaló que estas sociedades habrían sido utilizadas para realizar operaciones económicas relacionadas con los hechos que son materia de investigación. En ese contexto, las autoridades también informaron que se mantienen vigentes al menos nueve órdenes de captura contra otros presuntos implicados.

De acuerdo con el ente acusador, el caso involucra posibles movimientos de recursos que superarían los 730.000 millones de pesos en actividades asociadas al lavado de activos. Asimismo, se investiga el ingreso de mercancía de contrabando cuyo valor superaría los 75.000 millones de pesos.

El proceso judicial se encuentra en etapa de audiencias preliminares. Con base en los elementos presentados, la Fiscalía solicitó que se imponga una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan las diligencias.

La Fiscalía indicó que continuará adelantando actuaciones para determinar la responsabilidad de las personas involucradas en el caso. También señaló que no se descartan nuevas decisiones dentro del proceso, en la medida en que avance la investigación.

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