Policía aclaró que supuesto falso escolta en evento de Abelardo de la Espriella no fue capturado. Preocupación por seguridad de candidatos
Las autoridades confirmaron que el hombre señalado por la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella como un presunto infiltrado en un evento político en Envigado no fue capturado. Aunque portaba elementos como un arma traumática, binoculares y dispositivos de comunicación, la Policía indicó que no existían órdenes judiciales vigentes ni motivos legales suficientes para detenerlo formalmente.
La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella denunció un presunto intento de infiltración durante un evento político realizado en Envigado, Antioquia.
A través de un comunicado, el equipo del candidato aseguró que un hombre habría intentado hacerse pasar como integrante del esquema de seguridad del aspirante presidencial. Según la versión entregada inicialmente, el individuo portaba armamento, binoculares y dispositivos electrónicos mientras realizaba aparentes labores de inteligencia cerca de la tarima principal.
La campaña señaló que el sujeto fue detectado por integrantes del esquema de protección y posteriormente entregado a las autoridades para su respectiva judicialización.
El hecho generó preocupación debido a las recientes denuncias realizadas por Abelardo de la Espriella sobre posibles amenazas en su contra. En días anteriores, el candidato había asegurado públicamente que existían alertas sobre un supuesto plan para atentar contra su vida.
Policía aclaró que no hubo captura
Sin embargo, horas después de conocerse la denuncia, trascendió que el individuo no fue capturado formalmente por las autoridades.
De acuerdo con información revelada posteriormente, el hombre fue identificado como Carlos Mauricio Zapata Moreno y fue trasladado inicialmente a una estación de Policía para verificar su situación judicial y los elementos que llevaba consigo.
Tras las verificaciones correspondientes, las autoridades concluyeron que el ciudadano no tenía órdenes de captura vigentes ni requerimientos judiciales pendientes.
Asimismo, se determinó que los objetos encontrados en su poder no configuraban, en ese momento, un delito que permitiera una detención formal.
Entre los elementos hallados estaban un arma traumática, gas pimienta, binoculares, dispositivos de comunicación y equipos de audio. Aunque estos objetos generaron alertas dentro del evento político, las autoridades indicaron que no existía evidencia suficiente para judicializarlo.
No había denuncia formal en su contra
Fuentes cercanas al procedimiento señalaron que tampoco existía una denuncia penal formal presentada en el momento de los hechos, situación que limitó la posibilidad de iniciar un proceso judicial inmediato.
Las autoridades explicaron que, conforme al marco legal colombiano, una persona solo puede ser privada de la libertad cuando existe flagrancia, orden judicial o evidencia concreta de la comisión de un delito.
En este caso, según la información conocida hasta ahora, no se logró establecer que el individuo estuviera ejecutando una conducta punible que justificara su captura.
La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá reiteró que el procedimiento realizado correspondió a una verificación preventiva dentro de los protocolos de seguridad desplegados en eventos políticos de alta concurrencia.
Persisten preocupaciones por seguridad electoral
El episodio se registra en medio de un ambiente de creciente tensión política y de múltiples denuncias relacionadas con amenazas contra candidatos presidenciales.
Durante las últimas semanas, varios aspirantes han solicitado refuerzos en sus esquemas de seguridad ante alertas sobre posibles riesgos durante actividades públicas y desplazamientos de campaña.
El propio Abelardo de la Espriella ha insistido en la necesidad de fortalecer las garantías de seguridad para los candidatos y sus equipos, especialmente en medio del clima de polarización política que atraviesa el país.
Mientras tanto, las autoridades continúan revisando la información relacionada con el caso ocurrido en Envigado para determinar si existen elementos adicionales que permitan establecer responsabilidades o eventuales riesgos contra el candidato presidencial.
La situación volvió a abrir el debate sobre los protocolos de seguridad en eventos políticos y la necesidad de mantener controles estrictos frente al ingreso de personas no autorizadas a zonas sensibles durante actividades de campaña.
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