ICBF impulsó reforma al sistema penal adolescente con enfoque restaurativo y terapéutico

La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, solicitó avanzar en la reforma del Código de Infancia y Adolescencia para reestructurar el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), en medio de un debate institucional orientado a redefinir la política criminal juvenil en Colombia bajo criterios restaurativos, terapéuticos y territoriales.

Durante una intervención centrada en el futuro de la justicia juvenil, la funcionaria sostuvo que el sistema debe responder a dinámicas diferenciadas según las condiciones sociales y familiares de cada territorio. Según explicó, el modelo vigente había mostrado limitaciones para atender fenómenos complejos asociados a la exclusión educativa, el consumo problemático de sustancias psicoactivas y la reincidencia delictiva entre adolescentes.

Cáceres afirmó que el país había registrado una disminución en el ingreso de menores de edad al sistema penal adolescente. Sin embargo, advirtió que la reducción estadística no había significado una mejora estructural en las condiciones de vida de los jóvenes vinculados a procesos judiciales. De acuerdo con el diagnóstico expuesto por el ICBF, la mayoría de los adolescentes que ingresaron al SRPA presentaron trayectorias educativas interrumpidas y altos niveles de consumo de sustancias.

La directora defendió la necesidad de transformar el enfoque tradicionalmente sancionatorio del sistema y reemplazarlo por mecanismos orientados a la reparación del daño, la reintegración social y la prevención de nuevas conductas delictivas. En esa línea, planteó fortalecer modelos de justicia restaurativa y terapéutica que permitieran intervenir factores de riesgo asociados a violencia, exclusión y dependencia química.

La propuesta institucional incluyó la ampliación de medidas no privativas de la libertad, con el propósito de evitar procesos de desarraigo social y reducir la estigmatización de adolescentes sometidos a sanciones judiciales. El ICBF consideró que los esquemas de internamiento debían convertirse en medidas excepcionales y no en la respuesta predominante frente a las infracciones cometidas por menores de edad.

Uno de los componentes centrales de la reforma estuvo relacionado con la atención al consumo de sustancias psicoactivas. La entidad informó que cerca del 85 % de los adolescentes vinculados al sistema presentaron algún tipo de dependencia o consumo problemático. Frente a ese escenario, el instituto propuso implementar estrategias de mitigación del riesgo y reducción del daño, inspiradas en modelos de atención comunitaria similares a los programas CAMAD desarrollados anteriormente en el país.

La iniciativa también priorizó la reinserción educativa como eje de prevención del delito. Según explicó Cáceres, un número creciente de adolescentes había ingresado nuevamente al sistema de educación formal como parte de procesos de resocialización impulsados desde el SRPA. El objetivo, señaló, consistió en interrumpir ciclos de exclusión mediante acceso obligatorio a formación académica dentro de los esquemas de sanción penal.

La reforma fue articulada conjuntamente con el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Consejo Superior de la Judicatura, tras una serie de mesas técnicas interinstitucionales orientadas a actualizar las disposiciones establecidas originalmente en la Ley 1098 de 2006.

El debate sobre el futuro de la justicia juvenil continúa avanzando en medio de discusiones institucionales sobre prevención del delito, protección de derechos y construcción de modelos restaurativos para adolescentes en conflicto con la ley.