Paloma Valencia denunció presuntas irregularidades en contrato del “Proyecto Fortaleza” del Ministerio de Defensa Velásquez

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció presuntas irregularidades en la modificación de un contrato del Ministerio de Defensa relacionado con el denominado “Proyecto Fortaleza”, la cual era una iniciativa que buscaba construir una nueva sede administrativa para el sector defensa en Bogotá.

A través de su cuenta de X, la congresista afirmó que el Ministerio de Defensa, bajo la dirección de Iván Velásquez, quien ya salió del cargo hace varios meses, habría introducido un “mico” en una modificación contractual para permitir el giro anticipado de $195.375 millones al contratista canadiense The Canadian Commercial Corporation (CCC), correspondientes a una utilidad estimada del proyecto, pese a que la construcción nunca comenzó.

Según explicó Valencia, el acuerdo inicial fue firmado el 2 de agosto del año 2022 entre el Ministerio de Defensa, durante el gobierno del expresidente Iván Duque, y CCC, una agencia del Gobierno de Canadá.

De acuerdo con lo expuesto, el contrato contemplaba la ejecución del proyecto que además fue descrito como una especie de “pentágono” en la 26, donde funcionarían las nuevas oficinas del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y otras dependencias administrativas del sector.

El contrato según mostro Valencia ascendía a $1,5 billones y tenía como fecha prevista de terminación el 31 de julio de 2026. Sin embargo, la senadora sostuvo que el 19 de diciembre de 2022, ya durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Defensa modificó el acuerdo y aumentó el monto del anticipo pactado para ese año.

De acuerdo con la denuncia, el contrato original establecía que en 2022 debían entregarse $269.550 millones como anticipo, pero tras la modificación la suma ascendió a $360.912 millones.

La candidata aseguró que además del aumento del anticipo, el Ministerio incluyó un nuevo parágrafo en el contrato mediante el cual se ordenó a la fiducia encargada de administrar los recursos del proyecto girar antes del 31 de diciembre de 2022 la suma de $195.375 millones a CCC, según indicó Valencia, el documento señalaba que esos recursos representaban “un estimado de la remuneración de CCC por la totalidad del proyecto”.

La Senadora cuestionó que dicho pago se hubiera autorizado antes del inicio de las obras y afirmó que se trató de un giro anticipado de utilidades, “el Ministerio ordenó entregarle la ganancia al contratista sin que hubiese iniciado la construcción”, señaló en su publicación.

En su denuncia, Valencia afirmó que el “Proyecto Fortaleza” nunca arrancó y que no se construyó ninguna obra. Además, aseguró que en febrero de este año el Ministerio de Defensa terminó unilateralmente el contrato y ordenó la devolución de los recursos entregados.

Sin embargo, expuso que los $195.375 millones ya habrían sido girados al contratista y no habrían sido devueltos, también indicó que otros $465.537 millones entregados como anticipo permanecerían inmovilizados en una fiducia y tampoco habrían sido reintegrados al Estado.

La senadora citó además una publicación de la Revista Cambio del pasado 4 de mayo, según la cual esos recursos ya habrían salido de la fiducia y estarían en poder del contratista canadiense.

Valencia también cuestionó la explicación entregada por el Ministerio de Defensa sobre el pago anticipado, según dijo, la cartera le informó que los recursos fueron desembolsados para “mitigar el riesgo cambiario y garantizar la estabilidad financiera y operativa del proyecto”.

Por lo cual, rechazó esa justificación y sostuvo que el riesgo cambiario no requería entregar anticipadamente la utilidad al contratista, especialmente cuando ya existía un cronograma de anticipos pactado en el contrato.

Otro de los puntos señalados por la candidata presidencial fue la ausencia de garantías sobre los recursos entregados, esto debido a la naturaleza del acuerdo entre gobiernos, ya que la empresa CCC manifestó no tener capacidad para entregar garantías y señaló como respaldo al Gobierno de Canadá.

Valencia agregó que inicialmente esa situación se resolvió mediante la creación de una fiducia para proteger los recursos públicos, no obstante, afirmó que los $195.375 millones correspondientes a la utilidad anticipada ya habrían salido de esa fiducia y estarían en las cuentas del contratista.

Asimismo, señaló que el Ministerio de Defensa no habría entregado los informes de supervisión del contrato, pese a las solicitudes realizadas sobre el tema.

La congresista también advirtió que el contratista anunció una demanda contra el Estado colombiano tras la terminación unilateral del acuerdo, lo que, según dijo, podría poner en riesgo la recuperación de los recursos entregados.

Por todo esto, se pidió a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría General que abran investigaciones sobre las modificaciones realizadas al contrato y el manejo de los recursos del “Proyecto Fortaleza”.

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