Nicolás Petro no aceptó cargos y juez fijó para el 2 de diciembre audiencia de medida de aseguramiento

La Fiscalía General se alista para solicitar medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos, en una diligencia que quedó programada para el martes 2 de diciembre a las 8:30 de la mañana.

El exdiputado del Atlántico enfrentará la audiencia después de que su postura en la imputación de cargos generara un fuerte llamado de atención por parte del juez de control de garantías.

El proceso que avanza desde 2021 está relacionado con presuntas irregularidades en contratos celebrados para favorecer a la Fundación Consciencia Social (Fucoso). La Fiscalía sostiene que Petro Burgos habría intervenido para direccionar recursos que, según el expediente, terminaron beneficiando a personas cercanas a su entonces pareja, Daysuris del Carmen Vásquez. La mujer ya entregó información que la entidad considera relevante para el caso.

En la audiencia de este miércoles 26 de noviembre, estuvo marcada por interrupciones y reparos del procesado, Nicolás Petro afirmó en repetidas ocasiones que no comprendía adecuadamente la imputación.

Expuso que no identificaba con claridad la forma en que se configuraba el peculado por apropiación, ni el monto de los recursos objeto de la acusación. Argumentó además que la Fiscalía no había descrito con precisión la intervención que se le atribuye en la inducción a funcionarios públicos durante la suscripción de contratos.

El juez permitió inicialmente que formulara solicitudes de aclaración, pero detuvo el curso de su intervención al señalar que Petro Burgos estaba utilizando el espacio para cuestionar la estructura jurídica de la imputación. El despacho señaló que la audiencia no tenía como propósito debatir la calificación jurídica, sino verificar si el procesado entendía los hechos.

La Fiscalía le atribuye los delitos de:

• Interés indebido en la celebración de contratos
• Peculado por apropiación
• Tráfico de influencias
• Falsedad en documento público
• Falsedad en documento privado

Durante la diligencia, la fiscal Lucy Marcela Laborde retiró la imputación por falso testimonio, al considerar que la conducta está contenida en la falsedad ideológica en documento público relacionada con información ingresada al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).

Sobre el alcance de los cargos, la entidad sostiene que entre mayo de 2021 y finales de 2022 se produjo un incremento patrimonial injustificado que coincide con la celebración de dos contratos: uno de agosto de 2021 por 400 millones de pesos y otro de enero de 2022 por 572 millones de pesos. Ambos tenían como finalidad implementar programas para adultos mayores mediante acciones psicosociales.

La defensa había alegado doble incriminación, señalando que el procesado ya enfrenta una investigación en Barranquilla por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Sin embargo, el juez determinó que no existe identidad plena entre los objetos de ambas actuaciones y avaló la imputación.

La audiencia se suspendió a las 5:43 de la tarde del miércoles y la Fiscalía presentará la solicitud de medida restrictiva en la fecha fijada, apoyada en el argumento de que Petro Burgos puede interferir en el proceso y manipular el material probatorio.