Medida de aseguramiento para el alcalde de Villa de Leyva por investigación de presunta corrupción

La decisión judicial se produjo después de las audiencias concentradas en las que la Fiscalía General de la Nación presentó elementos materiales probatorios relacionados con una investigación por los delitos de concusión y prevaricato por acción. El mandatario municipal no aceptó los cargos formulados por el ente acusador y sostuvo su inocencia dentro del proceso.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción, los hechos bajo análisis se remontan al 8 de junio de 2025. Según la Fiscalía, el alcalde habría solicitado a la representante legal de una empresa de inversiones contratar a una persona específica para brindar asesorías relacionadas con la gestión de permisos y otros trámites administrativos asociados a un proyecto urbanístico.

La investigación también señala que posteriormente se habría solicitado el incremento salarial de esa persona vinculada a las asesorías. Según los registros presentados por la Fiscalía, durante 11 meses recibió pagos cercanos a los 48 millones de pesos.

Dentro del expediente, el ente acusador indicó que el 4 de marzo de 2026 el alcalde habría solicitado a la empresaria una suma equivalente al 20% del valor correspondiente a la ampliación de una licencia de construcción. La supuesta solicitud habría sido realizada mediante mensajes de voz y posteriormente retirada durante una llamada telefónica.

Según el material expuesto en audiencia, la investigación involucra un proyecto inmobiliario ubicado en la vereda Sábanas y avaluado en aproximadamente seis millones de dólares. El proyecto venía enfrentando dificultades relacionadas con licencias ambientales y permisos de construcción desde 2021.

La Fiscalía señaló que dos días después de la presunta solicitud económica, el 6 de marzo de 2026, el alcalde habría expedido una resolución pese a encontrarse, según la hipótesis del ente investigador, en un posible conflicto de intereses. De acuerdo con la acusación, esta actuación habría constituido una medida de presión luego de que la representante de la empresa rechazara acceder a las exigencias económicas.

Como consecuencia de esa decisión administrativa, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva rechazó la solicitud de ampliación de la licencia de construcción del proyecto. Además, el Inspector Segundo de Convivencia y Paz del municipio impuso una multa cercana a los 232 millones de pesos a los representantes de la iniciativa inmobiliaria.

Dentro de las pruebas recopiladas por la Fiscalía figuran llamadas telefónicas y grabaciones entregadas por Victoria Solarte, representante legal de Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S., empresa encargada del proyecto. Según la investigación, en una de las conversaciones el alcalde habría mencionado la distribución porcentual del dinero solicitado entre distintas dependencias relacionadas con los trámites urbanísticos y ambientales.

En otra comunicación incluida en el expediente, la empresaria manifestó su negativa frente a la propuesta y señaló que no estaba dispuesta a proceder de esa manera. Posteriormente, según los registros conocidos por la Fiscalía, el mandatario volvió a comunicarse con la representante de la empresa y expresó que no intervendría en el trámite relacionado con el proyecto.

La defensa del alcalde ha señalado que el mandatario considera haber sido víctima de una trampa por parte de los constructores y mantiene su posición de inocencia frente a las acusaciones formuladas por el ente investigador.

Durante las audiencias, la Fiscalía sostuvo que los hechos investigados configuran posibles actuaciones relacionadas con abuso de función pública y presiones indebidas dentro de procesos administrativos. Por esta razón solicitó la imposición de una medida de aseguramiento mientras avanza el proceso judicial.

Tras valorar las pruebas y argumentos presentados por las partes, el juez de control de garantías resolvió enviar a prisión al alcalde Víctor Alfonso Gamboa Chaparro mientras continúan las etapas correspondientes de la investigación penal en su contra.

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