JEP condena al coronel (r) Juan Carlos Figueroa por 38 'falsos positivos' en Valledupar

Los hechos y los delitos

Según la JEP, los crímenes ocurrieron mientras Figueroa estuvo al mando del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, con sede en Valledupar, entre enero de 2004 y julio de 2005. El tribunal lo declaró responsable de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tortura, así como del asesinato de dos personas que ya habían depuesto las armas o se encontraban fuera de combate. El oficial reconoció su responsabilidad en 24 hechos que dejaron las 38 víctimas.

Antes de llegar a la JEP, Figueroa no había sido investigado por la justicia ordinaria por estos crímenes.

¿Por qué no recibió la sanción más benigna?

La pena se explica por el momento en que el coronel asumió su responsabilidad. En el sistema de la JEP existen tres tipos de sanciones: las propias, de entre cinco y ocho años con restricción de libertades y labores restaurativas, para quienes reconocen verdad desde el inicio; las alternativas, de cinco a ocho años de privación efectiva de la libertad, para quienes reconocen tarde, ya en juicio; y las ordinarias, de hasta 20 años de prisión, para quienes son vencidos en juicio.

Figueroa negó inicialmente los cargos ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, por lo que su caso pasó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que funciona como el ente acusador de la JEP. El 27 de enero de 2026, durante la audiencia preparatoria del juicio, aceptó los cargos formulados. Según la JEP, el proceso “inició por la vía adversarial y culminó en el proceso dialógico restaurativo”, y la aceptación fue voluntaria y con asesoría legal.

Por esa razón, el tribunal le impuso una sanción alternativa de seis años y tres meses, que cumplirá en un establecimiento de reclusión especial para miembros de la Fuerza Pública. Es la quinta sentencia de la JEP en sus macrocasos y la segunda sanción alternativa contra un máximo responsable por reconocimiento tardío, después de la impuesta al teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán por hechos en Casanare.

El perdón y las obligaciones restaurativas

En una audiencia restaurativa celebrada en Valledupar el 27 y 28 de agosto pasados, Figueroa pidió perdón a las víctimas por los asesinatos, las desapariciones, las torturas y la estigmatización de sus familias. “Debo responder qué autoridad tenía, qué información recibí, qué debía controlar, qué debía impedir y qué dejé de hacer”, dijo entonces.

Además de la privación de la libertad, la sentencia le impone once obligaciones. Entre ellas figuran entregar diarios operacionales y documentos relacionados; reconocer públicamente, en los territorios de las víctimas, que estas no pertenecían a grupos armados; participar en espacios de dignificación en medios regionales; contribuir de manera verificable a la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, y devolver el rango, las medallas y las distinciones recibidas al dejar el mando. También deberá aportar, en un plazo de 60 días, información para identificar a un exintegrante del Frente 59 de las FARC-EP relacionado con uno de los casos.

La decisión incluye medidas de reparación y memoria para los pueblos indígenas wiwa y kankuamo, un acto público de perdón en nombre de las Fuerzas Militares y órdenes a la Unidad para las Víctimas, a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y a Medicina Legal.

“En este proceso ante la JEP no basta con reconocer responsabilidad, es necesario decir la verdad y pedir perdón ante las víctimas en audiencia restaurativa”, señaló la jurisdicción en su comunicado.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué fue condenado el coronel (r) Juan Carlos Figueroa?

El oficial fue hallado responsable de 38 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como 'falsos positivos', ocurridas entre 2004 y 2005 en Valledupar. Los delitos incluyen homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tortura de civiles que fueron presentados como bajas en combate.

¿Cuál es la sanción impuesta por la JEP y dónde la cumplirá?

Recibió una sanción alternativa de seis años y tres meses de privación efectiva de la libertad. Esta pena se cumplirá en un establecimiento de reclusión especial para miembros de la Fuerza Pública debido a que su reconocimiento de responsabilidad fue tardío.

¿Qué obligaciones adicionales debe cumplir el oficial retirado?

Además de la prisión, deberá pedir perdón públicamente, devolver medallas y rangos, y contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas. También tiene la obligación de entregar documentos operacionales y ayudar a identificar a otros responsables vinculados con los crímenes.