Magistrado cercano a Petro en la Corte pidió frenar la investigación por financiación de campaña

El magistrado Vladimir Fernández, de la Corte Constitucional, solicitó suspender provisionalmente la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el presidente Gustavo Petro, en el marco del estudio de la tutela interpuesta por el propio jefe de Estado.

La petición se relaciona con el recurso que presentó Petro contra la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, a la que cuestiona por permitir que el CNE continúe con la indagación administrativa sobre supuestas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022, pese a su condición de mandatario en ejercicio.

Fernández, quien actúa como ponente en el caso, propuso que la Corte Constitucional ordene al CNE detener todas las actuaciones del proceso, incluyendo la recolección de pruebas y las citaciones a testigos, hasta que se adopte una decisión definitiva sobre la tutela.

Es de recordar que la investigación del CNE fue formalizada en agosto de 2023, cuando se formularon cargos contra Gustavo Petro, el gerente de campaña Ricardo Roa, y la campaña Petro Presidente 2022, por presuntamente haber excedido los topes legales de financiación en más de 5 mil millones de pesos.

En su argumentación ante la Corte Constitucional, el magistrado Fernández planteó tres razones para sustentar la suspensión:

1. Advirtió que podría presentar un perjuicio irremediable si el CNE emite un fallo mientras no se haya resuelto el recurso de tutela.
2. Afirmó que el proceso compromete directamente la interpretación del fuero presidencial, lo cual requiere revisión por parte de la Sala Plena del alto tribunal.
3. Señaló que las decisiones de la Sala de Consulta del Consejo de Estado podrían estar invadiendo competencias de otras instituciones del Estado.

La tutela presentada por Petro fue en respuesta a la decisión del Consejo de Estado que permitió continuar con el proceso en el CNE. El mandatario ha sostenido que dicha investigación, al involucrar al jefe del Ejecutivo, debería estar sujeta a los procedimientos definidos por la Constitución para el juzgamiento de un presidente en ejercicio.

El caso se suma a los recientes choques entre el presidente y el CNE, sobre la legalidad del procedimiento y los límites institucionales de los organismos de control. La Corte Constitucional será la encargada de resolver si acoge o no la solicitud de suspensión presentada por el magistrado Fernández.

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