La Procuraduría puso bajo la lupa a MinTrabajo por reglamentación de empresas temporales

La Procuraduría General de la Nación formuló observaciones al Ministerio de Trabajo sobre el proyecto de decreto que busca reglamentar aspectos clave de las Empresas de Servicios Temporales en Colombia, una actuación que derivó en ajustes al trámite normativo y en la instalación de un mecanismo de seguimiento preventivo sobre la actuación de la cartera laboral.

Las observaciones fueron presentadas en el marco del proyecto de decreto que adiciona un capítulo al Decreto 1072 de 2015, reglamento único del sector trabajo. A través de una comunicación dirigida al ministro Antonio Sanguino, el Ministerio Público intervino en ejercicio de sus funciones constitucionales de vigilancia del orden legal, la protección del patrimonio público y la garantía de los derechos fundamentales, con énfasis en el impacto laboral de la iniciativa.

La Procuraduría Delegada para los Asuntos Civiles, del Trabajo y de la Seguridad Social sustentó su intervención en cifras del propio sector. Según estudios recientes citados por el ente de control, las Empresas de Servicios Temporales generaron más de 50.000 empleos formales durante 2025 y actualmente concentran a 474.188 trabajadores en misión, lo que representa el 4,8% del empleo formal dependiente del país.

A partir de estos datos, la entidad advirtió que algunos contenidos del proyecto reglamentario podrían afectar la estabilidad de estos vínculos laborales.

En particular, la Procuraduría cuestionó la posibilidad de limitar el trabajo en misión exclusivamente a actividades no relacionadas con el objeto social o el giro ordinario de las empresas usuarias.

También alertó sobre la propuesta de establecer un tope del 10% al personal contratado bajo esta modalidad, al considerar que una restricción de ese tipo podría alterar la estructura de contratación vigente en distintos sectores económicos.

Como parte de su actuación preventiva, el Ministerio planteó la necesidad de abrir un espacio técnico de discusión que permitiera revisar el alcance del proyecto con participación de los actores directamente involucrados en el mercado laboral.

La propuesta incluyó la conformación de una mesa técnica conjunta para analizar de manera detallada las implicaciones jurídicas, laborales y operativas de la reglamentación en curso.

El Ministerio de Trabajo informó que acogió las observaciones centrales formuladas por la Procuraduría. En consecuencia, accedió a revisar los puntos señalados y aceptó la creación de la mesa técnica preventiva conjunta, que será liderada por el Ministerio Público como parte de su función de vigilancia y acompañamiento institucional.

De acuerdo con lo señalado oficialmente, esta instancia tendrá como finalidad hacer seguimiento al proceso reglamentario de las Empresas de Servicios Temporales y evaluar su impacto sobre los trabajadores en misión, en un contexto donde el número de personas vinculadas bajo esta modalidad supera las 470.000. La participación de la Procuraduría se enmarca en su función preventiva frente a posibles afectaciones a derechos laborales y colectivos.

Con esta intervención, el ente de control mantiene bajo observación el desarrollo normativo impulsado por el Ministerio de Trabajo, mientras avanza el trámite del decreto y se abren espacios de discusión técnica sobre el alcance de la reglamentación propuesta.