Juzgado de Bogotá rechazó acción de tutela por comentarios de Petro sobre hombres llamados “Brayan”

La tutela interpuesta por Jhon Brayan Enciso Quintero contra el presidente Gustavo Petro, a raíz de unas declaraciones realizadas por el mandatario el pasado 15 de septiembre durante un Consejo de Ministros fue rechazada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá. La acción de tutela fue considerada porque la solicitud era “improcedente”.

Cabe indicar que Enciso argumentó que las palabras del presidente Petro constituían un acto de estigmatización hacia los hombres llamados “Brayan”. En su solicitud, indicó que las afirmaciones afectaban su honor y dignidad, al reforzar estereotipos que han convertido ese nombre en objeto de burlas, memes y comentarios despectivos en redes sociales.

En medio de las declaraciones de Petro el accionante pidió al presidente emitiera una rectificación pública, alegando que las expresiones impactaron de manera negativa en su vida laboral, personal y emocional.

Cabe recordar que esas declaraciones las hizo el presidente Gustavo Petro, en medio del debate sobre la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en la lucha contra las drogas y el manejo del Fondo del Magisterio (Fomag), señaló: “En todo barrio popular hay un Bryan, que se lleva a las mujeres quién sabe a qué y después las deja embarazadas y votadas… Hay hombres y mujeres vampiros codiciosos que no van a proteger a la mujer y a sus crías, sino a sacarles todo el billetico que tengan así sean 500 mil pesos de sueldo”.

Entre tanto, el juez que analizó la tutela determinó que, aunque los comentarios podían considerarse ofensivos, no configuraban una vulneración directa de derechos fundamentales que justificara una acción de tutela.

A pesar de la negativa del juzgado, Enciso Quintero anunció que apelará la decisión, buscando que instancias superiores ordenen una rectificación pública por parte del mandatario.

La controversia ha abierto un debate jurídico y social sobre el alcance de la libertad de expresión de los líderes políticos y las consecuencias que sus palabras pueden tener en la vida de los ciudadanos.

Mientras tanto, las acciones judiciales en curso continúan su trámite en los despachos competentes, con la expectativa de que instancias superiores definan si las declaraciones del presidente constituyen o no un acto de discriminación.