Juez rechazó frenar de forma provisional el alza del salario mínimo y mantiene vigente el decreto para 2026

El aumento del salario mínimo para 2026, fijado en 23% por el Gobierno nacional, continuará aplicándose luego de que un juez de Bogotá negara una medida cautelar que buscaba suspender de manera provisional el decreto que reglamentó el incremento.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la capital, que resolvió no acceder a la solicitud presentada dentro de una acción de tutela.

La medida había sido promovida por el exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares Cantillo, en calidad de apoderado del comerciante Alexander Donato Rondón. En el trámite constitucional se pidió suspender los efectos del Decreto 1469, expedido por el Ejecutivo, mientras se analizaba de fondo la tutela interpuesta contra la Presidencia de la República y los ministerios de Hacienda y de Trabajo.

En su providencia, el despacho judicial concluyó que no se cumplían los requisitos para decretar una medida provisional. En el auto se lee que se negó la solicitud elevada por Linares contra las entidades demandadas, lo que implica que el ajuste salarial seguirá en firme durante el estudio de la acción constitucional.

El exmagistrado había sustentado la petición cautelar en la existencia de un presunto perjuicio irremediable derivado del incremento del salario mínimo. Según su argumentación, el alza del 23% en el salario y del 24,5% en el auxilio de transporte, que en conjunto representan un aumento promedio del 23,7%, tendría un impacto directo sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, así como sobre el empleo informal, al elevar los costos laborales de manera significativa.

De acuerdo con el escrito presentado ante el juez, el ajuste podría traducirse en despidos, cierre de negocios y aumento de la informalidad, escenarios que, a juicio del accionante, justificaban la suspensión temporal del decreto mientras se resolvía la tutela. No obstante, el juzgado consideró que esos argumentos no eran suficientes para ordenar la medida solicitada en esta etapa del proceso.

La acción de tutela fue interpuesta con el objetivo de cuestionar la forma en que el Gobierno fijó el incremento salarial para 2026. Linares sostuvo que la expedición del decreto vulneró el derecho fundamental al debido proceso y desconoció el principio de concertación tripartita, al no haberse alcanzado un acuerdo entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores en el marco de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

En la demanda también se plantea que la decisión del Ejecutivo se apoyó en criterios distintos a los previstos en la normativa vigente. En ese sentido, el exmagistrado señaló que el Gobierno habría fundamentado el aumento en una noción denominada “salario vital”, basada en un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, lo que, según su postura, no reemplaza los mecanismos formales de concertación establecidos en la legislación colombiana.

Con la negativa de la medida cautelar, el decreto que fijó el salario mínimo para 2026 continúa produciendo efectos, mientras el juez avanza en el análisis de fondo de la tutela presentada contra el Gobierno nacional.