Judicializados dos militares y una mujer por presunta infiltración en la seguridad del presidente Petro

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al mayor del Ejército Pedronel Jiménez Cárdenas, al sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y a una mujer identificada como Luisa Fernanda Salgado, señalados de haber facilitado el acceso a información reservada vinculada a la seguridad presidencial y a operaciones contra organizaciones criminales.

De acuerdo con el ente acusador, la investigación permitió establecer que entre marzo de 2024 y abril de 2025, la mujer ingresó en al menos 36 ocasiones a instalaciones militares, haciéndose pasar por capitán del Ejército.

Gracias a la colaboración de los dos uniformados, pudo participar en reuniones de carácter reservado y tener acceso a información estratégica sobre operaciones de inteligencia contra estructuras ilegales, entre ellas el Tren de Aragua.

Los tres fueron capturados en diferentes operativos realizados en Bogotá, específicamente en la localidad de Puente Aranda, en el Cantón Norte y en el Distrito Militar N.º 3. Posteriormente, fueron presentados ante un juez de control de garantías, que avaló la imputación de delitos como concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal.

Según la investigación, el mayor Jiménez, en su rol de comandante de una unidad del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 5 (Bafur 5), habría permitido que Salgado asistiera a operaciones tácticas y de inteligencia, además de reuniones interinstitucionales en las que se discutían procedimientos de carácter reservado, secreto y ultrasecreto.

El sargento segundo Padilla, por su parte, habría sido el encargado de facilitar la entrada de la mujer a las instalaciones militares, permitiéndole interactuar con las tropas y conocer actividades de entrenamiento, logística y uso de equipos de comunicaciones. De acuerdo con el material probatorio, esta colaboración le permitió acceder a información de relevancia estratégica, incluyendo imágenes aéreas, planes de allanamiento y productos de inteligencia.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre el caso, señalando que a comienzos de este año se detectaron irregularidades en una unidad adscrita a la seguridad presidencial. Sin embargo, aseguró que en ningún momento estuvo comprometida la integridad del presidente Gustavo Petro y que las investigaciones continúan bajo la dirección de la Fiscalía.

Las autoridades también investigan si los capturados buscaban obtener información sobre los movimientos y la agenda del presidente, o si la infiltración tenía como fin apropiarse de cargamentos de drogas y otros bienes incautados en procedimientos judiciales. Adicionalmente, se analiza la participación de un asesor de las Fuerzas Militares, quien habría utilizado credenciales falsas para asistir a reuniones confidenciales.

El proceso judicial sigue en curso mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas que permitan establecer la dimensión de la infiltración y las posibles consecuencias en materia de seguridad nacional.