Investigación por exportaciones ficticias de aceite involucra a empresario y funcionarios

Las autoridades judiciales en Colombia han puesto al descubierto una sofisticada red criminal que operaba bajo la fachada de transacciones comerciales internacionales. En el centro de esta investigación se encuentra Arvey Duque Villamizar, un reconocido comerciante capturado en la ciudad de Cúcuta, quien ha sido vinculado políticamente con la creación de la zona franca de El Zulia. El proceso liderado por la Fiscalía General de la Nación detalla cómo se estructuró un sistema de lavado de activos que utilizó exportaciones inexistentes para dar apariencia de legalidad a millonarias sumas de dinero.

El esquema de las exportaciones inexistentes

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados por el ente acusador, la organización simulaba el envío de cargamentos de aceite de palma, soya y diversos derivados hacia el territorio ecuatoriano. Los registros oficiales indicaban que la mercancía transitaba por el puente internacional de Rumichaca, en el departamento de Nariño. Sin embargo, las labores de verificación permitieron establecer que los productos mencionados nunca cruzaron la frontera ni salieron del país, permaneciendo únicamente en el papel para justificar movimientos financieros.

Esta maniobra ilícita no solo buscaba evadir controles, sino que generó ganancias extraordinarias para los integrantes de la red. La estructura contaba con la participación de representantes legales de empresas que fueron constituidas con el propósito específico de figurar como exportadoras, además de la colaboración directa de servidores públicos que facilitaban los trámites administrativos necesarios para sostener el engaño documental.

Cifras y alcance del lavado de activos

La magnitud del fraude financiero es considerable. Según las advertencias del ente acusador, esta estrategia permitió justificar el ingreso al territorio nacional de más de 425.000 millones de pesos entre los años 2020 y 2023. “La Fiscalía General de la Nación obtuvo evidencias que indican que se trataría de una maniobra ilícita que le permitió a un grupo de particulares y funcionarios justificar el ingreso a Colombia de más de 425.000 millones de pesos de posible origen ilícito y hacerlos pasar como pagos por ventas al exterior entre 2020 y 2023”, señaló la institución encargada de la investigación.

El entramado ilegal involucró operativamente a cinco comercializadoras internacionales y a una agencia de aduanas. Mientras las comercializadoras asumían el rol de exportadoras en los registros, la agencia de aduanas se encargaba de gestionar las declaraciones y toda la documentación de soporte que respaldaba las supuestas operaciones comerciales ante las autoridades competentes.

Participación de servidores públicos y origen del dinero

Un componente crítico de esta red era el apoyo interno en las instituciones de control. Leonardo Quevedo, director de delitos fiscales, explicó que servidores de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con sede en Ipiales, Nariño, habrían certificado de manera falsa la salida de las mercancías. Estos soportes documentales eran fundamentales para que dineros provenientes de naciones como Estados Unidos, España, Panamá y Perú ingresaran al sistema financiero colombiano bajo el concepto de reintegros por las supuestas ventas internacionales.

La certificación fraudulenta por parte de los funcionarios permitía cerrar el ciclo del lavado, otorgando una fachada de legalidad a recursos cuyo origen real está bajo investigación, pero que claramente no correspondían a la actividad comercial declarada en las planillas de exportación de aceites y derivados.

Detalles del operativo y capturas realizadas

La desarticulación de esta organización se logró mediante un operativo coordinado por la Fiscalía, con el apoyo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y unidades del Ejército Nacional. Las capturas se hicieron efectivas en diversos puntos de la geografía nacional, resultando en la detención de siete personas clave para el funcionamiento del esquema. Entre los capturados destaca Arvey Duque Villamizar, quien fungía como representante legal de una de las comercializadoras implicadas.

Además de Duque Villamizar, la lista de detenidos incluye a los funcionarios de la entidad aduanera en Ipiales: Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay. Asimismo, fueron capturados Emir Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, quienes actuaban como representantes legales de otras dos comercializadoras internacionales vinculadas al proceso.

Proceso judicial y cargos imputados

Tras las capturas, los siete implicados fueron presentados ante un juez de control de garantías para las audiencias concentradas. El administrador de justicia impartió legalidad a los procedimientos de captura y a los allanamientos realizados durante el operativo. La Fiscalía procedió a la imputación de cargos basándose en la responsabilidad individual de cada sujeto dentro de la organización.

Los delitos imputados por el ente acusador incluyen lavado de activos y concierto para delinquir, ambos en modalidad agravada, sumado al cargo de falsedad ideológica en documento público. El proceso continuará su curso en las etapas judiciales correspondientes para determinar la responsabilidad final de los involucrados en este millonario fraude al sistema aduanero y financiero del país.

Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consistía la red de lavado de activos desarticulada?

La organización simulaba exportaciones de aceite de palma y soya hacia Ecuador para justificar el ingreso de más de 425.000 millones de pesos de origen ilícito a Colombia entre 2020 y 2023.

¿Quiénes son los principales implicados en este caso?

Fueron capturadas siete personas, entre ellas el empresario Arvey Duque Villamizar y cuatro funcionarios de la DIAN con sede en Ipiales, quienes certificaban falsamente la salida de la mercancía.

¿Qué cargos enfrentan los detenidos?

La Fiscalía imputó los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, ambos en modalidad agravada, además de falsedad ideológica en documento público.