Informe de la JEP documentó más de 100.000 animales afectados por el conflicto y planteó su reconocimiento como víctimas
Un informe elaborado por la Jurisdicción Especial para la Paz en conjunto con la Universidad de Essex expone una dimensión poco abordada del conflicto armado en Colombia: el impacto directo sobre animales y ecosistemas.
El documento, que recoge información entre 2017 y 2026, identifica al menos 100.252 animales afectados en ese periodo, así como múltiples especies en estado crítico. El estudio, denominado “Daños Invisibles: la violencia contra animales en el conflicto armado en Colombia (2017-2026)”, sistematiza por primera vez registros que vinculan hechos de violencia con afectaciones a fauna doméstica y silvestre. Entre sus hallazgos, se establece que, en promedio, cada 30 minutos un animal resulta muerto o gravemente herido en el contexto del conflicto.
La investigación clasifica los daños en seis categorías: envenenamiento, abandono forzado, accidentes con artefactos explosivos improvisados, retención ilegal, acciones militares y amenazas. Según el análisis, el 32% de los casos corresponde a afectaciones derivadas de operaciones militares, incluyendo combates, hostigamientos y ataques con drones, que impactan tanto a animales domésticos como a especies silvestres.
El abandono forzado representa el 27% de los registros documentados. Este fenómeno está asociado al desplazamiento de comunidades humanas que, al salir de sus territorios, dejan atrás a sus animales sin posibilidad de cuidado, lo que deriva en condiciones de desnutrición, enfermedades o muerte. El informe también documenta la retención ilegal de animales por parte de grupos armados, utilizada como mecanismo de presión o alteración de dinámicas en los territorios.
El documento identifica 44 especies silvestres en estado crítico, entre ellas 36 especies de ranas pertenecientes a los géneros Atelopus y Pristimantis, además del mono araña, el paujil piquiazul y el arrierito antioqueño. En estos casos, la investigación señala que factores como la contaminación, la deforestación y la actividad minera ilegal han incrementado la vulnerabilidad de estas especies en zonas afectadas por el conflicto.
Dentro de las regiones analizadas, el departamento de Antioquia concentra un número significativo de especies en riesgo, mientras que áreas como el Parque Nacional Natural Farallones de Cali aparecen como ecosistemas con altos niveles de afectación. En estos territorios se registran actividades asociadas a economías ilegales que inciden en la degradación de hábitats naturales.
El informe también documenta el uso de animales dentro de dinámicas propias del conflicto armado. Según los registros, han sido utilizados en tareas logísticas como transporte de combatientes, traslado de armas, alimentos o medicinas, así como en evacuaciones. Adicionalmente, se reportan casos en los que han sido empleados como mecanismos de alerta o con fines intimidatorios.
Entre los ejemplos consignados se incluyen prácticas como la utilización de serpientes en actos de tortura o la marcación de animales de carga con insignias de grupos armados en contextos de presión territorial. Estas acciones se integran dentro de los registros analizados por la investigación.
A partir de estos hallazgos, el informe plantea la posibilidad de reconocer a los animales como víctimas del conflicto armado, lo que abriría un debate jurídico sobre su inclusión en procesos de memoria, reparación y medidas de protección. En ese contexto, la senadora Esmeralda Hernández ha impulsado un proyecto de ley orientado a ese reconocimiento.
La iniciativa, que ya fue aprobada en primer debate en la Comisión Quinta del Senado, propone la implementación de programas de conservación de especies, restauración de ecosistemas y la prohibición del uso de animales en actividades relacionadas con la guerra. El proyecto continúa pendiente de discusión en la plenaria.
El documento de la JEP y la Universidad de Essex incorpora así una línea de análisis que amplía el alcance de los efectos del conflicto armado en Colombia, incluyendo variables ambientales y el impacto sobre la fauna, en un escenario donde se plantean nuevas discusiones sobre responsabilidad, protección y reconocimiento dentro del marco de la justicia transicional.

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