La defensa de Sandra Ortiz pidió la intervención de la Procuraduría General en medio del proceso por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al considerar que existían irregularidades en las decisiones adoptadas por la Fiscalía respecto a dos exdirectivos de la entidad.

A través de una carta dirigida al procurador Gregorio Eljach, el abogado de Ortiz, Mauricio Camacho Fernández solicitó que el Ministerio Público se opusiera a la aplicación del principio de oportunidad concedido a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector.

En el documento, la defensa sostuvo que el ente acusador habría otorgado una credibilidad y protección “exageradas” a ambos exfuncionarios, a pesar de que estos habían reconocido su presunta responsabilidad en el entramado de corrupción.

Según la misiva, esta situación no solo resultaba desproporcionada, sino que también habría afectado el curso del proceso judicial, en ese sentido, se planteó que las declaraciones y actuaciones de López y Pinilla habrían tenido la capacidad de inducir a error a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que encendió alertas sobre la solidez de las pruebas presentadas.

La defensa también cuestionó la manera en que la Fiscalía estructuró un preacuerdo con Olmedo López, el cual, mencionaron, fue posteriormente rechazado por la judicatura.

En esa decisión, una magistrada advirtió irregularidades en la formulación del acuerdo, incluyendo la omisión de delitos como el peculado, lo que fue calificado en la carta como una actuación “inusual”.

Otro de los puntos expuestos tuvo que ver con una denuncia por falsos testimonios y fraude procesal presentada por el abogado Jaime Lombana. De acuerdo con ese recurso, tanto López como Pinilla, junto con peritos contratados por ellos, habrían elaborado informes con información falsa que resultó determinante en decisiones judiciales.

Esos elementos, según la defensa, influyeron en la privación de la libertad de Sandra Ortiz y de los excongresistas Iván Name y Andrés Calle. Adicionalmente, la defensa hizo referencia a posibles inconsistencias en pruebas técnicas clave, en particular, se mencionó información proveniente de registros de telefonía móvil que, según la defensa, no evidenciaban actividad en el número atribuido a Sneyder Pinilla durante el periodo analizado, lo que ponía en duda la validez de parte del material probatorio.

Para el equipo jurídico de Ortiz, el conjunto de estas situaciones evidenció fallas graves que debían ser evaluadas por la Procuraduría antes de que se tomara una decisión definitiva sobre los beneficios judiciales concedidos a los exdirectivos.

Por todo esto, insistieron en que el Ministerio Público fijara una posición clara en la audiencia en la que se definiría la aplicación del principio de oportunidad.

Cabe mencionar que el proceso de Ortíz en materia judicial ha estado atravesado por varios contratiempos, ya que solo el 16 de abril de 2026, una jueza de control de garantías de Bogotá negó su solicitud de libertad por vencimiento de términos, al concluir que el proceso aún se encontraba dentro de los plazos legales establecidos por el Código de Procedimiento Penal.

Asimismo, días antes, el Tribunal Superior de Bogotá había resuelto que el caso debía avanzar a juicio oral, tras rechazar en segunda instancia la solicitud de preclusión presentada por la defensa, en esta ocasión, el alto tribunal determinó que no existían impedimentos para continuar con el proceso penal.

Cabe recordar que Sandra Ortiz enfrentaba cargos por lavado de activos y tráfico de influencias en servidor público, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y el manejo de recursos dentro de la UNGRD.

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