Corte Suprema ordenó inspección a la Comisión de Acusaciones por manejo de expedientes contra Petro

Dicha inspección se realiza con el propósito de verificar el estado de los procesos relacionados con el presidente Gustavo Petro, en particular los vinculados a presuntas irregularidades en la financiación de su campaña.

La actuación fue dispuesta dentro de un expediente que dirige el despacho de la magistrada Cristina Lombana, en el que se evalúan posibles demoras y actuaciones dentro de las investigaciones que cursan en esa célula legislativa. La inspección busca establecer el avance real de los procesos y las condiciones en las que se encuentran los expedientes.

El foco principal de la diligencia está en el caso relacionado con la presunta violación de topes de campaña durante las elecciones presidenciales de 2022. Este asunto fue objeto de decisiones previas por parte del Consejo Nacional Electoral, que en noviembre del año pasado impuso sanciones a la campaña Petro Presidente tras determinar que se superaron los límites establecidos.

En esa misma actuación, el Consejo Nacional Electoral compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue al entonces gerente de campaña, Ricardo Roa, quien tiene programada una imputación de cargos el próximo 8 de mayo. En el caso del presidente Petro, la competencia recae en la Comisión de Acusaciones, en su calidad de juez natural.

De forma paralela, la Corte Suprema de Justicia también remitió copias en octubre pasado relacionadas con la campaña de la consulta interpartidista, en la que se examinan diferencias entre los gastos reportados y los montos reales asociados a servicios de transporte aéreo.

Según los datos incorporados en ese proceso, la campaña reportó ante la autoridad electoral un total de $8.717 millones de pesos, cifra cercana al límite máximo permitido, fijado en $8.758 millones. Dentro de ese reporte se incluyó un valor por transporte aéreo superior a $1.100 millones de pesos como obligación pendiente.

Sin embargo, la Corte Suprema indicó que el valor real de esas facturas, asociadas a la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S., ascendería a $2.324 millones de pesos. De acuerdo con esa información, la diferencia entre lo reportado y el valor total podría modificar el cálculo final de los gastos, superando el tope permitido.

La actuación judicial también hace referencia a un posible desfase cercano a $1.215 millones de pesos, derivado de la forma en que se registraron estos gastos, los cuales, según el análisis, habrían sido asignados a otra campaña distinta a la presidencial.

Este expediente también fue remitido a la Comisión de Acusaciones, donde se agrupan las investigaciones relacionadas con el presidente. Sin embargo, dentro de la diligencia ordenada por la Corte se busca establecer el estado actual de estas actuaciones y las razones por las cuales no se han registrado avances sustanciales.

La magistrada Lombana ha centrado parte de su indagación en la labor de los representantes encargados de instruir estos procesos dentro de la Comisión. En ese contexto, se evalúa la actuación del grupo conformado por Alirio Uribe, Wilmer Carrillo y Gloria Arizabaleta, quienes integran el equipo investigador designado para estos casos.

Dentro de las solicitudes realizadas por el despacho judicial se encuentra la entrega del expediente completo, con el fin de revisar su contenido y determinar si existen actuaciones pendientes o situaciones que hayan incidido en el desarrollo del proceso.

La inspección en curso incluye la revisión documental, la verificación de actuaciones adelantadas y la identificación de posibles retrasos en el trámite de las investigaciones. Esta diligencia se desarrolla en las instalaciones de la Comisión de Acusaciones, órgano competente para investigar a altos dignatarios del Estado.

El procedimiento ordenado por la Corte Suprema se enmarca en las facultades de control judicial sobre procesos que involucran a funcionarios aforados. Mientras avanza la revisión, se espera que las autoridades establezcan el estado real de los expedientes y las actuaciones adelantadas hasta el momento dentro de la instancia legislativa.

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