Tensión por Coosalud. Fallo judicial ordena devolver la EPS y Gobierno cuestiona decisión

Un nuevo choque entre el Gobierno Nacional y la justicia se presenta tras la decisión del Tribunal de Bolívar que ordena suspender la intervención sobre la EPS Coosalud y devolver su administración a sus propietarios. El fallo, que tiene efectos inmediatos, ha generado controversia luego de que el presidente Gustavo Petro manifestara su desacuerdo con la determinación judicial.

El mandatario reaccionó a través de su cuenta en la red social X, donde cuestionó la decisión del tribunal y solicitó que el magistrado que emitió el fallo sea investigado. En su pronunciamiento, Petro señaló que la medida favorece a actores que, según su postura, estarían vinculados a irregularidades en el manejo de la entidad de salud.

Intento de retomar el control de la EPS

Tras conocerse la decisión judicial el pasado 17 de abril, Jaime Miguel González Montaño, exrepresentante de Coosalud, se presentó en la sede de la entidad en Cartagena con el propósito de retomar sus funciones. Sin embargo, según información divulgada, no le fue permitido el ingreso a las instalaciones.

El abogado de González, Julián Quintana, indicó que sostuvieron conversaciones con el agente interventor, quien inicialmente habría manifestado su disposición de cumplir la orden judicial. No obstante, el proceso de entrega de la administración no se concretó en ese momento. De acuerdo con la defensa, la decisión del tribunal no establece condiciones para su cumplimiento, por lo que consideran que debe ejecutarse de manera inmediata.

Antecedentes de controversia

El caso de Coosalud ha estado marcado por señalamientos previos del presidente Petro contra directivos de la EPS. En declaraciones anteriores, el jefe de Estado calificó a González Montaño como “corrupto” y cuestionó a miembros de la junta directiva, mencionando presuntas irregularidades relacionadas con un préstamo de más de 200.000 millones de pesos a empresas privadas.

Estas afirmaciones derivaron en una decisión judicial que ordenó al presidente retractarse, tras una acción de tutela. Por el incumplimiento de esa orden, el mandatario fue sancionado por un juzgado administrativo de Bogotá con una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Pese a la sanción, Petro reiteró su postura frente al caso, señalando que continuará denunciando lo que considera irregularidades en el sistema de salud. Además, hizo referencia a integrantes de la junta directiva de la EPS, solicitando que respondan por las decisiones adoptadas en la entidad.

Un fallo con implicaciones institucionales

La decisión del Tribunal de Bolívar abre un nuevo capítulo en el debate sobre la intervención estatal en el sistema de salud y el alcance de las decisiones judiciales frente a las actuaciones del Ejecutivo. Mientras se define la implementación del fallo, el proceso continúa generando reacciones tanto en el ámbito jurídico como en el político.

El caso pone de relieve las tensiones entre las ramas del poder público y el impacto que estas decisiones pueden tener en la administración de entidades clave del sistema de salud en Colombia.