Ibáñez planteó suspensión del decreto de emergencia económica ante la Corte

Una solicitud para suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional ya fue radicada ante la Corte Constitucional, mientras el alto tribunal adelanta su revisión de fondo. El trámite quedó registrado en la relatoría de la Corte dentro de un expediente asignado al magistrado Carlos Camargo Assis, quien actúa como ponente en este proceso.

La solicitud de suspensión provisional fue presentada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien pidió que el decreto quede sin efectos mientras la Corte evalúa la ponencia que será sometida a consideración de la Sala Plena.

El decreto bajo revisión es el 1390 de 2025, expedido luego del hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, mediante el cual el Ejecutivo argumentó la existencia de una situación fiscal que pondría en riesgo el cumplimiento de obligaciones del Estado, la continuidad del gasto social, la seguridad ciudadana y el pago de sentencias judiciales y compromisos financieros.

De acuerdo con información conocida al interior del tribunal, la petición presentada por Ibáñez busca que los efectos del decreto queden en pausa hasta que la Sala Plena adopte una decisión definitiva sobre su constitucionalidad. Aunque la discusión formal del decreto no aparece incluida en el orden del día de la presente semana, al despacho del Magistrado ponente ya han llegado múltiples conceptos solicitados para el análisis del caso.

La mayoría de esos pronunciamientos coinciden en solicitar la suspensión provisional del decreto, al considerar que la declaratoria de emergencia económica no cumpliría con los presupuestos exigidos por la Constitución. Los planteamientos recibidos sostienen que los hechos invocados por el Ejecutivo no tendrían carácter excepcional ni sobreviniente, sino que corresponderían a dificultades estructurales y previsibles, asociadas a decisiones de política fiscal y a la no aprobación de iniciativas legislativas en el Congreso.

Dentro del expediente también se encuentran solicitudes que van más allá de la suspensión temporal y plantean la posibilidad de que el decreto sea declarado inexequible, lo que implicaría su salida definitiva del ordenamiento jurídico. Para avanzar en esta etapa, aún está pendiente el concepto de la Procuraduría General de la Nación, que tendrá que pronunciarse sobre el alcance de la medida adoptada por el Gobierno.

Como parte del proceso, la Corte solicitó el pasado 13 de enero información adicional a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, relacionada con la situación administrativa de los ministros que firmaron el decreto y, en particular, con el acto mediante el cual Irene Vélez habría sido encargada como ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El alto tribunal también planteó interrogantes sobre el carácter de los problemas fiscales expuestos por el Gobierno, la posibilidad de acudir a mecanismos ordinarios antes de declarar un estado de excepción y la vigencia de algunos argumentos económicos, como el impacto de la crisis global posterior a la pandemia del covid-19. Estos elementos harán parte del análisis que deberá resolver la Corte Constitucional en su decisión de fondo.