Exmandatario de Unguía enfrentará proceso por presunto detrimento patrimonial superior a $3.556 millones

En las últimas horas el exalcalde de Unguía (Chocó), Otoniel Pérez Sáenz, al representante de la Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño (Asomura), Adolfo León Tabares Gutiérrez, y al contratista Luis Alberto García Mosquera, quienes están siendo investigados por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato destinado a desarrollar obras de mitigación del riesgo en varios municipios del departamento, fueron presentados ante un juez de garantías.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación los elementos materiales probatorios recopilados permiten inferir la posible existencia de un esquema mediante el cual habrían sido comprometidos recursos públicos destinados a la construcción de infraestructura para prevenir emergencias ocasionadas por las lluvias y el desbordamiento de ríos.

La investigación establece que el 2 de diciembre de 2019 la administración municipal de Unguía celebró de manera directa un contrato interadministrativo con la Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño (Asomura), amparado en una declaratoria de urgencia manifiesta.

El convenio, por un valor de $6.591 millones, tenía como finalidad la construcción de tres muros de contención para reducir el riesgo de emergencias en los municipios de Unguía, Lloró y Tadó, en el departamento del Chocó.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que durante el desarrollo del contrato se habrían presentado actuaciones que comprometieron la correcta ejecución de los recursos públicos.

Según las pesquisas adelantadas por la Fiscalía, Asomura habría celebrado subcontratos con empresas que presuntamente no contaban con la capacidad técnica ni financiera necesaria para desarrollar las obras contratadas. Entre esas firmas figura una representada por Luis Alberto García Mosquera.

El ente acusador también indicó que durante la ejecución contractual se realizaron transferencias de recursos públicos que, al parecer, carecían de los soportes exigidos para justificar su destinación, situación que habría generado un posible detrimento patrimonial superior a los $3.556 millones.

Estas circunstancias hacen parte del proceso de investigación que adelanta la Fiscalía para establecer las responsabilidades individuales de cada uno de los implicados.

Con fundamento en los elementos recopilados durante la investigación, un fiscal de la Seccional Chocó imputó a los tres procesados, de acuerdo con su presunta participación, los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública.

Durante las audiencias preliminares, ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Por decisión del juez de control de garantías, el exalcalde Otoniel Pérez Sáenz deberá cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia, mientras que Adolfo León Tabares Gutiérrez y Luis Alberto García Mosquera fueron enviados a un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.