Autoridades embargan más de 400 locales y 40 inmuebles por caso de lavado y contrabando por más de $1 billón en red comercial

La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto un conglomerado empresarial que, bajo la fachada de una cadena de comercialización de ropa femenina y accesorios, habría facilitado el ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al territorio nacional. El caso fue resultado de la articulación de capacidades entre la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio, la Dirección de Investigaciones Financieras y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

De acuerdo con la investigación, la estructura habría operado mediante un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, utilizadas para simular operaciones legales. A través de este esquema, se ingresaban al país productos como prendas de vestir, juguetes y cosméticos, los cuales eran distribuidos posteriormente en el mercado nacional con el fin de dar apariencia de legalidad a las actividades comerciales.

Las maniobras identificadas por los investigadores incluían la fragmentación de transacciones, la simulación de relaciones comerciales y estrategias orientadas a evadir controles aduaneros. Estas prácticas habrían dificultado la trazabilidad del dinero y permitido su incorporación al sistema económico formal.

En desarrollo del proceso, una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales documentó conductas relacionadas con lavado de activos por un monto de $730.000 millones de pesos y enriquecimiento ilícito de particulares que superaría los $430.000 millones de pesos. Asimismo, se estableció la realización de aprehensiones y decomisos de mercancía por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), avaluados en más de $54.000 millones de pesos, así como un posible contrabando que superaría los $75.000 millones de pesos.

Dentro de las actuaciones judiciales, la Fiscalía obtuvo ante un juez con función de control de garantías en Bogotá varias órdenes de captura con fines de imputación y solicitud de medidas de aseguramiento. Estas órdenes se encuentran en proceso de materialización, en el marco de las acciones de judicialización de los presuntos responsables.

De manera paralela, un fiscal de la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre bienes vinculados a la investigación. Las decisiones incluyeron la suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro de 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, activos que actualmente son objeto de avalúo.

Las diligencias de ocupación de estos bienes se realizaron con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios distribuidos en 25 departamentos del país, donde la cadena de almacenes tenía presencia comercial.

Según informó la Fiscalía, los bienes afectados continuarán desarrollando su objeto social mientras avanza el proceso de extinción del derecho de dominio ante los jueces competentes. Las autoridades indicaron que las investigaciones siguen en curso con el propósito de establecer la totalidad de los responsables y el alcance de las operaciones financieras identificadas.

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