Ataques en el suroccidente, cifras de seguridad y tensiones en salud marcaron balance del Gobierno tras alocución presidencial

La alocución se produjo tras un consejo de paz y seguridad en el que participaron integrantes del gabinete, así como mandos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en medio de un contexto marcado por múltiples atentados en distintas regiones.

Los eventos más recientes se concentraron en municipios como Cajibío, Corinto, Miranda, Padilla, Guachené, El Tambo, Patía, Mercaderes y Popayán. En Cajibío, un ataque con un cilindro bomba en la vía Panamericana dejó al menos 20 personas muertas. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que las víctimas correspondían a 15 mujeres y cinco hombres, todos mayores de edad. En total, durante los últimos días se han registrado al menos 26 atentados en el país, con un saldo adicional de decenas de personas heridas.

Durante su intervención, el mandatario señaló que estos hechos obedecen a dinámicas de control territorial por parte de estructuras armadas ilegales vinculadas a economías ilícitas. Indicó que el uso del miedo se configura como un mecanismo de dominación en estas zonas y afirmó que las organizaciones que operan en el Cauca responden a lógicas del narcotráfico. En ese sentido, mencionó que las estructuras asociadas a alias Iván Mordisco y otros mandos deben ser tratadas como organizaciones criminales, y anunció que se impulsarán acciones para su persecución, incluyendo denuncias ante instancias internacionales.

El presidente sostuvo que los niveles actuales de violencia no configuran un escenario de crisis generalizada en materia de seguridad. Según lo expuesto, las cifras se ubicarían en niveles comparables a los registrados tras la firma del acuerdo de paz durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, e incluso señaló que la tasa de homicidios sería una de las más bajas desde 1993. En esa línea, atribuyó parte de los hechos recientes a disputas entre organizaciones ilegales, en lo que describió como enfrentamientos por el control de economías ilícitas.

En relación con los cultivos de uso ilícito, el mandatario comparó las cifras actuales con las del gobierno anterior de Iván Duque e indicó que el país registra aproximadamente 258.000 hectáreas de coca, de acuerdo con mediciones satelitales. Explicó que la estrategia del Gobierno se ha centrado en la sustitución voluntaria, proceso que, según datos presentados, ha permitido la reducción y transformación de áreas cultivadas en distintas regiones. También señaló que estas acciones están vinculadas a procesos de diálogo con actores armados, en los que participan observadores internacionales y otros acompañantes.

En cuanto a los recientes ataques, el presidente hizo referencia al origen de los explosivos utilizados, indicando que existe información en análisis sobre su posible procedencia, aunque aclaró que se trata de hipótesis en verificación. Asimismo, mencionó dinámicas relacionadas con rutas del narcotráfico en países vecinos y su incidencia en el funcionamiento de redes internacionales.

La alocución incluyó un amplio apartado sobre el sistema de salud, en el que el mandatario presentó indicadores relacionados con mortalidad infantil, mortalidad materna, desnutrición y mortalidad prematura. Según lo expuesto, estas cifras han mostrado variaciones en los últimos años y hacen parte de los análisis del Gobierno sobre condiciones sociales. En ese contexto, el presidente afirmó que durante su administración se han evitado procesos de quiebra en 14 hospitales públicos de un total de 22 que presentaban dificultades financieras.

También abordó la situación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), presentando comparaciones basadas en indicadores de quejas por cada 10.000 afiliados. Mencionó casos como Compensar, Salud Total y Sura, señalando que, según los datos expuestos, algunas de estas entidades privadas no intervenidas registran niveles de quejas superiores a otras dentro del sistema. Asimismo, hizo referencia a decisiones judiciales relacionadas con EPS como Sanitas y su situación financiera.

En ese mismo apartado, indicó que la Nueva EPS se ubicaría en una posición intermedia dentro del listado presentado. Cuestionó el tratamiento de algunos casos en la opinión pública y mencionó situaciones relacionadas con la prestación de servicios médicos que, según señaló, serán objeto de revisión por parte de las autoridades competentes. También afirmó que existen investigaciones en curso sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos del sistema.

El mandatario anunció que se avanzará en medidas administrativas, entre ellas la posible cancelación de licencias a entidades con bajos indicadores, así como ajustes en los mecanismos de pago y suministro de medicamentos. Indicó que estas acciones buscan modificar el funcionamiento del sistema, incluyendo cambios en la intermediación y en los procesos de atención a los usuarios.

La intervención se produjo con la presencia en primera fila del superintendente de Salud, Daniel Quintero, y del ministro Guillermo Jaramillo, en medio de cuestionamientos al funcionamiento del sistema. Durante su exposición, el presidente también afirmó que, entre 2011 y 2021, el comportamiento de indicadores de mortalidad prematura mostró incrementos, y que en años recientes se han registrado reducciones, aunque reconoció que en 2024 y 2025 no se ha mantenido la misma tendencia.

La alocución concluyó en un contexto marcado por hechos recientes de violencia, discusiones sobre cifras de seguridad y cuestionamientos al sistema de salud, en medio de un escenario en el que el Gobierno expuso datos, anuncios y líneas de acción frente a estos temas.

La primera misión de Daniel Quintero. Petro ordena evaluar licencias a EPS con bajo desempeño.