Fiscalía llamó a interrogatorio al director de la UNP por posibles fallas en seguridad en el caso Miguel Uribe Turbay

La diligencia fue programada para el 30 de abril de 2026 y se enmarca en la verificación de posibles responsabilidades por omisión en el esquema de seguridad asignado al dirigente político.

La actuación judicial se centra en establecer si existieron fallas en la implementación o seguimiento de las medidas de protección otorgadas a Uribe Turbay antes del atentado ocurrido en 2025. Este nuevo paso dentro del expediente se suma a otras diligencias orientadas a reconstruir las condiciones en las que se produjo el crimen, incluyendo la revisión de protocolos institucionales, registros operativos y testimonios de funcionarios vinculados al esquema de protección.

La citación a Rodríguez fue confirmada semanas atrás por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, quien indicó que la diligencia hacía parte del proceso de contrastación de versiones y verificación de posibles responsabilidades. De acuerdo con lo informado, la solicitud del interrogatorio fue presentada por la defensa del propio funcionario, lo que derivó en la programación formal de la audiencia.

Desde la defensa del director de la Unidad Nacional de Protección se ha sostenido que no existen elementos que permitan atribuir responsabilidad a la entidad ni a su representante en relación con el esquema de seguridad del Senador. El abogado Alejandro Carranza ha afirmado que no reposan en los registros solicitudes formales para reforzar la protección del dirigente político, lo que, según su posición, limitaría cualquier señalamiento por omisión. En ese sentido, ha señalado que no habría comunicaciones dirigidas a la UNP que advirtieran sobre la necesidad de ajustes en las condiciones de seguridad.

En paralelo, dentro del proceso también se han expuesto versiones desde el entorno del senador que apuntan a la existencia de requerimientos para fortalecer las medidas de protección, especialmente en medio de desplazamientos realizados por el precandidato en el marco de su actividad política. Estas afirmaciones hacen parte de los elementos que la Fiscalía deberá contrastar durante el desarrollo de las diligencias.

El director de la UNP ha manifestado en diferentes escenarios que la entidad entregó a las autoridades judiciales información relacionada con el esquema asignado, incluyendo datos sobre vehículos, dispositivos de rastreo y condiciones operativas. Según su versión, las medidas implementadas se ajustaban a la normativa vigente y respondían a los parámetros establecidos para este tipo de protección.

Dentro de la reconstrucción de los hechos, también se han mencionado circunstancias relacionadas con la disponibilidad del personal de seguridad el día del atentado. De acuerdo con lo expuesto por Rodríguez, parte del equipo de escoltas habría finalizado su jornada en horas de la madrugada, lo que redujo temporalmente el número de funcionarios disponibles. Asimismo, se ha indicado que el evento en el que ocurrió el ataque no habría contado con coordinación previa con las autoridades encargadas del esquema de protección.

La investigación no se limita a la actuación de la UNP. El director de la Policía Nacional, general William Rincón, informó que los escoltas asignados al senador también serán llamados a rendir versión dentro del proceso, como parte de la revisión integral de las condiciones de seguridad existentes al momento del atentado.

En cuanto a los avances en la identificación de responsables materiales e intelectuales, la Fiscalía formuló acusación contra Jhorman David Mora Silva, conocido como alias “El Caleño”, por su presunta participación en la planeación del crimen. Según el ente acusador, esta persona habría sido quien contactó al menor de edad que ejecutó el ataque el 7 de junio de 2025 en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

El proceso continúa en etapa de recolección y análisis de pruebas, con diligencias orientadas a establecer las circunstancias que rodearon el homicidio del dirigente político y a determinar posibles responsabilidades dentro de las entidades encargadas de su protección.

Comisión inspeccionó Imprenta Nacional en medio de dudas sobre nuevo modelo de pasaportes