Fiscalía activó 5 líneas de pesquisa por presuntos vínculos entre disidencias, funcionarios del Gobierno y del Ejército

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunció la apertura de cinco líneas de investigación orientadas a esclarecer posibles vínculos entre integrantes de las disidencias de las Farc y funcionarios del Gobierno y del Ejército.

La decisión incluye la compulsa de copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia para que se examine la conducta del general Juan Miguel Huertas Herrera, señalado de haber entregado información reservada a integrantes del grupo armado.

Las nuevas líneas de investigación abarcan presuntos procesos de cooptación de agentes de inteligencia y miembros del Ejército Nacional, amenazas a la seguridad nacional, posibles aportes irregulares a la campaña presidencial, alianzas entre actores ilegales y la creación de empresas de vigilancia utilizadas como fachada por estructuras criminales.

Según el ente investigador, estas áreas surgieron tras el análisis preliminar del material digital confiscado a miembros del autodenominado Estado Mayor de bloques y frentes de las disidencias.

De acuerdo con la Fiscalía, el conjunto de dispositivos, computadores, teléfonos y discos duros, fue incautado el 23 de julio de 2024 durante un retén militar en Anorí, Antioquia, cuando se interceptó una caravana en la que se movilizaban Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, y otros integrantes del grupo armado.

El material quedó bajo custodia de la DIJIN y fue sometido a cadena de custodia, legalizado ante jueces de la República y analizado por equipos forenses que produjeron cinco informes técnicos, el último de ellos entregado el 26 de junio de 2025.

La Fiscalía indicó que durante 16 meses ninguna dependencia del ente investigador recibió reportes de la información recopilada por la fiscal especializada que tenía a su cargo el caso en Medellín. Señaló que el 24 de septiembre se ordenó un cruce ampliado de datos y nuevas diligencias para verificar la información y validar su pertinencia como evidencia. Actualmente, continúa la revisión del volumen de archivos hallados.

En la caravana interceptada en 2024 también se encontraban Erlinson Echavarría Escobar, Juan Antonio Agudelo Salazar, Diana Carolina Rey Rodríguez, María Alejandra Ojeda Londoño, Wenser Yosony Sábana Duque, alias Oliver, y Édgar de Jesús Ortega, alias Firu. Algunos de ellos no fueron capturados debido a que las órdenes de captura en su contra habían sido suspendidas en el marco de la Ley 2272 de 2022 y de varias resoluciones emitidas en 2024.

Tres de los ocupantes sí fueron judicializados: Ojeda Londoño y Sábana Duque aceptaron cargos por porte ilegal de armas y cumplen condena, mientras que Ortega enfrenta una acusación por homicidio y permanece privado de la libertad.

El ente acusador calificó como preocupante que parte del contenido de los dispositivos incautados haya trascendido públicamente mientras continúa el proceso de análisis interno. Según la Fiscalía, los hallazgos preliminares contienen información relevante que no hacía parte de las pesquisas iniciales y que ahora será objeto de revisión para determinar responsabilidades penales y disciplinarias.