Defensoría solicitó a la Corte mantener entrega del PAE durante suspensión de clases por ola invernal

La entidad solicitó que la entrega se realice incluso en contextos donde se ha suspendido la presencialidad académica. La petición busca evitar interrupciones en la entrega de alimentos a estudiantes afectados por las condiciones climáticas.

La intervención de la entidad se centra en el Decreto Legislativo 176 de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica declarada por la ola invernal. Según lo expuesto, la medida permite mantener el suministro de apoyo nutricional a niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiarios del programa, aun cuando no puedan asistir a clases por daños en la infraestructura educativa o dificultades de acceso.

De acuerdo con la Defensoría, los efectos de las lluvias han generado afectaciones en instituciones educativas, interrupciones del calendario escolar y problemas de movilidad en diferentes regiones del país. Estas condiciones han incidido en la prestación del servicio educativo y, en consecuencia, en la entrega habitual de los alimentos que hacen parte del PAE.

La entidad señaló que la medida no modifica la estructura del programa ni amplía su cobertura, sino que establece un mecanismo para garantizar su continuidad en un escenario excepcional. En ese sentido, indicó que el decreto busca responder a las limitaciones derivadas de la emergencia climática sin alterar los criterios de acceso establecidos previamente.

Dentro de los argumentos presentados ante la Corte Constitucional, la Defensoría expuso que la norma actúa como un instrumento de protección de derechos fundamentales en un contexto en el que las condiciones ordinarias de prestación del servicio educativo se han visto alteradas. La solicitud plantea que la suspensión de clases no debe implicar la interrupción de la alimentación escolar.

Para sustentar su posición, la entidad presentó información sobre el impacto de la temporada invernal en distintas zonas del país. En el departamento de Sucre, se reportaron afectaciones en 14 instituciones educativas y 36 aulas en municipios como Majagual, Guaranda, San Marcos y Caimito. Estas situaciones han limitado el acceso de los estudiantes a los planteles educativos.

Asimismo, se documentaron casos en el departamento de Córdoba y en la región de Urabá Darién, donde las condiciones derivadas de la emergencia han incidido en la distribución de alimentos del programa. En algunos escenarios, los recursos destinados al PAE han sido redirigidos para atender necesidades inmediatas relacionadas con la contingencia.

La Defensoría también indicó que los mecanismos ordinarios de gestión del riesgo han resultado insuficientes frente a la magnitud de los efectos generados por las lluvias. Esta situación, según la entidad, ha requerido la adopción de medidas adicionales para garantizar la atención a la población afectada.

En el análisis presentado, se advierte que la continuidad del PAE durante la suspensión de clases tiene relación directa con la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y con el acceso a condiciones básicas de alimentación. La entidad señaló que la medida se orienta a evitar impactos derivados de la interrupción del servicio en territorios donde el programa representa un componente relevante de la alimentación diaria.

La solicitud ante la Corte Constitucional se da en el marco de la revisión del decreto, proceso que determinará su vigencia como herramienta para atender las condiciones generadas por la emergencia invernal. El pronunciamiento del alto tribunal definirá si la medida puede mantenerse mientras persistan las circunstancias excepcionales.

La Defensoría reiteró que la implementación del decreto responde a una coyuntura específica y busca atender las dificultades derivadas de las condiciones climáticas. En ese contexto, insistió en que la continuidad del programa constituye una respuesta frente a las limitaciones en el acceso al sistema educativo ocasionadas por la emergencia.

El debate se desarrolla mientras continúan registrándose afectaciones en diferentes regiones del país, lo que ha mantenido en discusión la necesidad de adoptar medidas para garantizar la prestación de servicios asociados al sistema educativo en condiciones no presenciales.

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