Defensa de Bonilla entregó informe de la UIAF y rechazó argumentos de la Fiscalía para enviarlo a detención

La defensa del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla reiteró que no existen razones jurídicas ni fácticas que justifiquen una medida de aseguramiento en su contra dentro del proceso que adelanta la Fiscalía por los presuntos delitos de cohecho, concierto para delinquir agravado y celebración indebida de contratos.

El abogado penalista Mauricio Pava sostuvo que el exministro ha cumplido con todas las citaciones judiciales y ha mostrado disposición de colaboración durante el avance de la investigación.

Según explicó el defensor, Bonilla es pensionado de la Universidad Nacional y no cuenta con recursos económicos que le permitan abandonar el país, lo que a su juicio desmonta cualquier señalamiento sobre riesgos de fuga. Recordó además que el exministro entregó voluntariamente su pasaporte a la Fiscalía como muestra de su intención de comparecer ante todas las diligencias programadas.

El pronunciamiento del abogado se da luego de que la Fiscalía radicara ante el Tribunal Superior de Bogotá las solicitudes de audiencia para dos procesos distintos: uno contra Ricardo Bonilla y otro contra el exministro del Interior Luis Fernando Velasco. Aunque corresponden a investigaciones independientes, ambos casos se alimentan de declaraciones de exfuncionarios de la UNGRD, entre ellos Olmedo López, Sneiyder Pinilla y María Alejandra Benavides.

Para el caso de Bonilla, la Fiscalía sostiene que habría gestionado presuntos pagos a congresistas de la Comisión de Crédito Público con el fin de facilitar la aprobación de iniciativas consideradas estratégicas para el Ministerio de Hacienda. El ente acusador argumenta que el esquema habría tenido un nivel de organización suficiente para solicitar una medida de aseguramiento.

En el proceso contra Luis Fernando Velasco, la hipótesis fiscal señala que habría intervenido para favorecer un contrato por $35.000 mil millones de pesos a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Velasco ha negado haber participado en reuniones o gestiones relacionadas con la adjudicación y asegura que presentará los soportes que demostrarían su posición frente a los hechos.

Ambos casos quedan ahora a la espera de la programación de audiencia por parte del Tribunal Superior de Bogotá, en un proceso que tendrá como magistrada ponente a Aura Alexandra Rosero.

El abogado de Bonilla insistió en que cualquier restricción a la libertad debe estar sustentada en riesgos concretos, como la posibilidad de evasión, la obstrucción del proceso o la afectación a la comunidad. Señaló que la jurisprudencia ha reiterado que la medida de aseguramiento es excepcional y no puede utilizarse como anticipo de una eventual pena.

Con el fin de respaldar su argumentación, la defensa entregó al tribunal un estudio de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) sobre la situación económica del exministro y de su familia, descartando movimientos inusuales o capacidad financiera que sugiera intención de salir del país, elemento que la defensa considera determinante para demostrar la comparecencia del exfuncionario mientras avanza el proceso judicial.