Declararon insubsistente al director operativo de movilidad de Giron pese a contar con fuero de paternidad

El municipio de Girón, en el área metropolitana de Bucaramanga, enfrenta una nueva controversia administrativa tras la declaratoria de insubsistencia de José Manuel Reinozo Gómez, quien se desempeñaba como director operativo de movilidad y control vial. La decisión ha generado críticas y denuncias sobre presuntas irregularidades en los recientes cambios de personal dentro de la administración municipal.

De acuerdo con la información, la desvinculación de Reinozo Gómez se produjo a pesar de que el funcionario, al momento de su retiro, contaba con fuero especial de paternidad, ya que recientemente había sido padre. Este tipo de protección laboral, establecida por la legislación colombiana, impide que un trabajador público o privado sea despedido sin la respectiva autorización del Ministerio de Trabajo cuando existe una situación de paternidad o maternidad que otorgue estabilidad reforzada.

La medida administrativa se conoció poco después de la llegada del alcalde designado, Fredy Cáceres, quien asumió el cargo tras la suspensión del alcalde titular, Campo Elías Ramírez, por una presunta doble militancia política. Desde entonces, varios exfuncionarios han denunciado una serie de despidos y cambios en diferentes dependencias, lo que ha generado inconformidad y malestar entre el personal de carrera y contratistas del municipio.

Fuentes cercanas a la administración aseguraron que, en los últimos días, varias personas han sido notificadas de la terminación de sus vínculos laborales, mientras que otras han sido trasladadas o reemplazadas por nuevos funcionarios. Según los denunciantes, algunos de los retiros se habrían efectuado sin previo análisis de los derechos laborales ni verificación de las situaciones particulares de los empleados, como en el caso de Reinozo Gómez, quien habría solicitado la aplicación de su fuero de paternidad.

La declaratoria de insubsistencia, aunque es una figura legal en los cargos de libre nombramiento y remoción, no exime a las autoridades de respetar los principios de legalidad y los derechos constitucionales que protegen a los trabajadores en condición especial. Por ello, el caso podría derivar en una investigación ante los entes de control o en acciones jurídicas por parte del funcionario afectado, quien busca que se revise la legalidad de la decisión.

Entre tanto, la administración municipal no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los motivos de la desvinculación ni sobre las denuncias de despidos masivos. Sin embargo, en el entorno político local, la situación ha generado debate y preocupación, debido a que los cambios se producen en un momento de transición institucional y a pocos meses de culminar el periodo