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Gobierno nacional ordenó revisión exhaustiva del inventario de bienes entregados por las Farc

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó una revisión de los bienes entregados por las Farc tras un informe de la Contraloría que reveló que solo se recibió uno de los 722 inmuebles prometidos.

IFM Noticias
Redacción
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De la Espriella ordena revisar el inventario de bienes de las Farc: la Contraloría advirtió que de 722 inmuebles reportados solo se recibió uno
Imagen: IFMERAImagen procesada con IA

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció desde la ciudad de Medellín que su administración llevará a cabo una revisión rigurosa y detallada de los bienes que la extinta guerrilla de las Farc se comprometió a entregar con el fin de reparar a las víctimas del conflicto armado. Esta decisión se fundamentó en una reciente y preocupante alerta emitida por la Contraloría General de la República, la cual señaló que los activos efectivamente recibidos por el Estado colombiano se encuentran significativamente por debajo de lo pactado inicialmente en el Acuerdo de Paz.

Hallazgos de la Contraloría General de la República

La determinación del Ejecutivo se basó en una advertencia técnica que el órgano de control fiscal hizo pública el pasado 20 de enero de 2026. Dicho informe fue elaborado con datos suministrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de la recepción, administración y monetización de los recursos destinados a la reparación. Tras el análisis, la Contraloría concluyó que lo entregado por el antiguo secretariado de la guerrilla difiere sustancialmente de los compromisos legales adquiridos durante el proceso de paz.

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, que fue difundido por agencias de noticias y medios de comunicación nacionales, las cifras revelaron un incumplimiento sistemático en diversas categorías de activos. En cuanto al dinero en efectivo, se estableció que el compromiso inicial ascendía a aproximadamente $12.070 millones; sin embargo, el Estado solo logró recaudar $2.114 millones, lo que representó apenas el 17% del total esperado.

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En relación con los metales preciosos, el informe detalló que de los 440.020 gramos de oro reportados en los inventarios originales, solo se entregaron cerca de 252.500 gramos. La Contraloría precisó que este material ya fue convertido en moneda corriente por la SAE y los recursos resultantes fueron trasladados a la Unidad para las Víctimas para su respectiva gestión.

Situación crítica de los bienes inmuebles y otros activos

Uno de los puntos más críticos del informe de la Contraloría General se refirió a la propiedad raíz. De un total de 722 inmuebles que fueron reportados por la organización insurgente, la SAE solo recibió formalmente uno. No obstante, este único bien presentó graves inconsistencias en su documentación legal, lo que impidió hasta el momento su venta o aprovechamiento económico para el fondo de reparación.

El balance en otras categorías de activos también mostró resultados mínimos. De las 24.000 cabezas de ganado prometidas, solo se contabilizaron 258. En cuanto a los bienes muebles, de un universo de 51.992 elementos, solo llegaron 1.830. Respecto al parque automotor, se recibieron 31 vehículos de los 319 que figuraban en las listas. Adicionalmente, se reportó que dentro de las entregas de divisas extranjeras, aproximadamente 1.500 dólares resultaron ser falsos.

Jenny Lindo, contralora delegada para el sector justicia, explicó en declaraciones a medios de comunicación que los exintegrantes de las Farc justificaron estos retrasos y faltantes aludiendo a problemas de seguridad en los territorios y a la complejidad jurídica para legalizar las propiedades. La funcionaria aclaró que la labor de la Contraloría no consistió en juzgar dichas explicaciones, sino en solicitar a las entidades competentes un plan de trabajo estructurado, con cronogramas y responsables definidos, para subsanar el proceso de entrega.

Alcance legal de las advertencias fiscales

Es importante precisar que la alerta emitida por la Contraloría se enmarcó en una función de vigilancia y control fiscal, lo que no constituyó en sí mismo una condena o un fallo de responsabilidad. En el ordenamiento jurídico colombiano, para que un individuo sea obligado a resarcir económicamente al Estado por daños al patrimonio público, es imperativo que se agote un proceso de responsabilidad fiscal que culmine con una decisión en firme. Hasta la fecha, no se registraron fallos de esta naturaleza contra los antiguos miembros del secretariado por el manejo de estos bienes.

Esta situación impactó directamente el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según los datos del ente de control, la reparación integral ordenada en las dos primeras sentencias de este tribunal, emitidas en el año 2025, presentó un déficit de financiación del 83,6%. Mientras que la JEP requería aproximadamente $121.858 millones para cumplir con el componente reparador de sus fallos, solo contaba con una disponibilidad presupuestal de $20.000 millones.

Declaraciones presidenciales y contexto de las víctimas

Durante su intervención en la capital de Antioquia, el presidente De la Espriella manifestó posturas críticas frente a la gestión de la JEP. El mandatario sostuvo que el tribunal ha implicado una inversión de recursos públicos que no se ha traducido en resultados proporcionales para el país. Estas afirmaciones se dieron en un contexto donde el Registro Único de Víctimas contabilizó más de 10,1 millones de personas afectadas por el conflicto.

A pesar de los esfuerzos institucionales, solo cerca de 2 millones de víctimas han recibido indemnizaciones económicas. Se estimó que el monto total pendiente para cubrir la reparación integral en el país superó los $106 billones. Hasta el momento, ninguno de los antiguos jefes de la organización guerrillera fue declarado responsable penal o fiscal por las inconsistencias detectadas en la entrega de los bienes que debían financiar este proceso histórico de reparación.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué el Gobierno nacional ordenó una revisión de los bienes de las Farc?

La decisión se tomó tras un informe de la Contraloría que reveló un incumplimiento sistemático en la entrega de activos, destacando que solo se recibió uno de los 722 inmuebles prometidos.

¿Qué hallazgos específicos reportó la Contraloría sobre el inventario?

El reporte indica que solo se recaudó el 17% del dinero en efectivo pactado, se entregó apenas el 57% del oro y solo 258 cabezas de ganado de las 24.000 inicialmente reportadas.

¿Cómo afecta este incumplimiento a la reparación de las víctimas?

Existe un déficit de financiación del 83,6% para cumplir con las sentencias de la JEP, contando con solo 20.000 millones de pesos frente a los 121.858 millones requeridos para reparar a los afectados.

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