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Sector carbonero advirtió sobre impacto del impuesto al carbono en la Ley de Rescate

El sector carbonero solicitó una transición de 20 años para el incremento del impuesto al carbono, advirtiendo que el gravamen podría representar el 70% del precio del mineral en mina para 2029.

IFM Noticias
Redacción
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Sector carbonero advirtió sobre impacto del impuesto al carbono en la Ley de Rescate
imagen: IFMERAImagen procesada con IA

El incremento proyectado del gravamen hasta 2029

La Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón) manifestó su preocupación ante el contenido del proyecto de la Ley de Rescate Económico, señalando que la iniciativa eleva de manera acelerada la tarifa del impuesto al carbono aplicada al carbón térmico. De acuerdo con los análisis técnicos presentados por el gremio, los cuales fueron elaborados tomando como referencia el valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT) de 2026, la carga tributaria experimentaría un crecimiento exponencial en los próximos años. Las proyecciones indican que el tributo pasaría a ubicarse alrededor de 119.000 pesos por tonelada en 2027 y superaría los 212.000 pesos por tonelada para el año 2029.

Esta trayectoria en el recaudo, según sostuvo la agremiación, llevaría a que el impuesto representara cerca del 70% del precio del carbón en boca de mina. Para los productores, esta proporción comprometería seriamente la viabilidad financiera de las operaciones mineras en el país. Adicionalmente, Fenalcarbón añadió que el articulado del proyecto reduce del 50% al 25% la posibilidad de compensar el gravamen mediante inversiones ambientales, una medida que incrementaría todavía más el pago efectivo que deben realizar las empresas del sector al Estado colombiano.

Riesgos para la seguridad energética y la industria nacional

El gremio advirtió que las consecuencias de este ajuste impositivo no se limitarían exclusivamente a la actividad minera. El aumento en el costo del carbón ejercería una presión directa sobre los precios de la generación eléctrica en Colombia. Este escenario resulta especialmente crítico para las plantas térmicas, las cuales cumplen la función esencial de respaldar el sistema interconectado nacional durante las épocas de bajos niveles en los embalses, garantizando que no se presenten cortes en el suministro de energía.

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Asimismo, se identificaron riesgos para las industrias que son intensivas en el consumo de energía, tales como la siderúrgica, la cementera y la industria productora de coque. Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, señaló que el país requiere de una política energética que garantice un abastecimiento confiable, precios competitivos y sostenibilidad a largo plazo. El dirigente gremial enfatizó que la postura del sector no pretende obstaculizar los compromisos climáticos de la nación. En sus declaraciones, Cante aseguró que, más que frenar los objetivos ambientales, la propuesta busca construir una ruta que permita avanzar en la reducción de emisiones sin comprometer la seguridad energética ni el crecimiento económico del territorio nacional.

Propuesta de gradualidad para la transición fiscal

Ante el esquema planteado por el Gobierno Nacional, Fenalcarbón presentó una alternativa que busca mitigar el impacto económico inmediato. La propuesta consiste en distribuir el incremento del impuesto al carbono en un horizonte temporal mínimo de dos décadas. Según los productores, esta senda de gradualidad de al menos 20 años permitiría una adaptación más ordenada de la industria y de los consumidores finales del mineral.

Dentro de los puntos clave de la propuesta sectorial se encuentra la necesidad de preservar la capacidad de generación térmica y mantener mecanismos de protección específicos para las industrias de alto consumo energético. De igual forma, el gremio solicitó conservar las compensaciones tributarias destinadas a inversiones ambientales en sus niveles actuales. El objetivo primordial de este planteamiento es brindar previsibilidad a la inversión extranjera y nacional, protegiendo al mismo tiempo la competitividad de toda la cadena de valor asociada al carbón.

El debate de la Ley de Rescate en el Congreso

El impuesto al carbono se consolidó como uno de los puntos de mayor tensión en el debate que rodea la Ley de Rescate Económico. Con esta normativa, el Poder Ejecutivo busca asegurar los recursos necesarios para equilibrar las finanzas públicas antes de que concluyan las sesiones ordinarias del Congreso de la República. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, realizó la exposición formal del proyecto ante las comisiones económicas el pasado 18 de noviembre, momento desde el cual los coordinadores y ponentes iniciaron el ajuste del texto definitivo.

El trámite legislativo avanzó en medio de posturas políticas encontradas que reflejan la complejidad de la situación fiscal. Por un lado, la bancada del Pacto Histórico radicó una ponencia alternativa con la que aspira a recaudar más de 20 billones de pesos durante el primer año de vigencia de la ley. Por otro lado, diversos sectores de la oposición reclamaron la necesidad de aliviar la carga tributaria sobre los sectores productivos para no afectar el empleo. Mientras tanto, el Gobierno Nacional aún debe definir las estrategias para compensar los ingresos que dejó de percibir tras la decisión de descartar la ampliación del IVA a los productos de la canasta familiar, lo que aumenta la presión sobre otros tributos como el que recae sobre las emisiones de carbono.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué impacto tendría el nuevo impuesto al carbono según Fenalcarbón?

El gremio advierte que el tributo podría representar el 70% del precio del mineral en mina para 2029, superando los 212.000 pesos por tonelada. Esto comprometería la viabilidad financiera de las operaciones mineras y elevaría los costos de generación eléctrica e industrial.

¿Cuál es la propuesta del sector carbonero ante la Ley de Rescate?

Solicitan que el incremento del impuesto se realice de forma gradual en un periodo de 20 años en lugar del aumento acelerado actual. También piden mantener en un 50% la posibilidad de compensar el gravamen mediante inversiones ambientales.

¿Por qué este impuesto genera preocupación por la seguridad energética?

Debido a que el aumento en el costo del carbón encarecería la operación de las plantas térmicas, las cuales son el respaldo esencial del sistema eléctrico cuando bajan los niveles de los embalses. También afectaría la competitividad de industrias clave como la siderúrgica y la cementera.

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