Corte Suprema continúa investigación a Racero: Asesores pagaban el mercado de su casa y transferencias de su UTL a su familia

Los documentos en poder del alto tribunal señalan que varios de sus asesores habrían realizado depósitos y transferencias a cuentas del congresista, de sus familiares y allegados, además de cubrir gastos personales como las compras de mercado de su casa durante la pandemia.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia adelanta una investigación contra el representante a la Cámara, David Racero, por presuntas irregularidades en el manejo de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

Según la investigación realizada por Los Danieles, tres integrantes de la UTL de Racero aparecen vinculados en movimientos financieros que suman varios millones de pesos. Entre ellos se encuentra Yidis Gahona, quien en diciembre de 2018 realizó un depósito de 5.320.000 pesos a la cuenta del congresista desde Puerto Carreño, Vichada.

Tanto Gahona como su esposa Estefanía Montoya han hecho parte del equipo de asesores de Racero. Montoya, en declaraciones previas, intentó justificar estas consignaciones como “préstamos temporales”.

Otros registros muestran transferencias de Viviana Marcela Moreno, asesora legislativa con un salario superior a los nueve millones de pesos mensuales, a familiares de Racero. El 29 de abril de 2019, Moreno transfirió 2.000.000 de pesos a Jorge Luis Racero, hermano del congresista.

Días después, consignó la misma suma en la cuenta de Mariana Hernández, quien era compañera permanente de David Racero en ese momento. Ese mismo día, el congresista retiró en cajeros de Davivienda una cifra cercana al monto recibido.

La investigación también da cuenta de un giro por 4.000.000 de pesos efectuado el 22 de diciembre de 2019 a nombre de Jorge Eliécer Racero, padre del parlamentario. A ello se suman varios pagos realizados durante 2020 desde la cuenta de la asesora Moreno a establecimientos como Mieco Despensa y Agrosolidaria, con los que se cubrían compras de alimentos para el hogar de Racero. Entre abril y mayo de ese año, se registraron al menos tres pagos consecutivos por valores que oscilan entre 162.000 y 1.900.000 pesos, además de otros desembolsos posteriores.

Los soportes de estas transacciones están en poder de la Corte Suprema, que tendrá que definir, tras la indagatoria de Racero, si dicta o no medida de aseguramiento en su contra. Paralelamente, la Procuraduría también adelanta revisión de los hechos.

Cabe recordar que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra el representante, por el presunto delito de concusión, en el marco del caso relacionado con un fruver en la localidad de Engativá en Bogotá.

De acuerdo con la decisión del alto tribunal, lo que se indaga son las circunstancias en las que se habrían presentado consignaciones a las cuentas bancarias del congresista por parte de integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo.

La Corte busca esclarecer si hubo conductas que se ajusten al delito de concusión, entendido como el acto en el que un funcionario público, abusando de su cargo, exige o solicita dinero, bienes o favores para sí mismo o para terceros.

El caso ha estado en el radar público durante más de un año, sin que hasta el momento el partido al que pertenece el congresista, el Pacto Histórico, haya tomado decisiones internas sobre su situación.

Entretanto, Racero mantiene su aspiración de postularse al Senado en las próximas elecciones, mientras avanza el proceso judicial que definirá su responsabilidad en las conductas señaladas.