Corte Constitucional debatirá reforma pensional desde el 29 de mayo con ponencia que propone tumbar la ley

La Sala Plena de la Corte Constitucional iniciará el próximo 29 de mayo el estudio de la demanda que busca la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, conocida como la reforma pensional.

El proceso se basa en una ponencia elaborada por el presidente del alto tribunal, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien propone declarar la inexequibilidad total de la norma.

La ponencia, aunque incluida en el orden del día del 22 de mayo, figura en el décimo lugar, motivo por el cual el inicio efectivo del debate fue reprogramado. Fuentes del tribunal indican que el análisis comenzaría formalmente el 29 de mayo.

La ponencia fue radicada luego de que el magistrado Ibáñez solicitara pruebas a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General de la Nación y al Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá.

El objetivo era recabar información relacionada con el presunto pago de sobornos a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, hoy con medida de detención preventiva. El dinero, según el expediente, habría sido entregado para facilitar el trámite de varias reformas sociales, incluida la Ley de Protección Social Integral para la Vejez.

Uno de los puntos centrales del estudio constitucional es el presunto vicio de trámite por omisión del cuarto debate en la Cámara de Representantes. De acuerdo con la documentación, la plenaria de esa corporación decidió acogerse de forma íntegra al texto aprobado en el Senado, lo que significó que no se discutiera la ponencia en esa instancia. La proposición fue aprobada con 86 votos a favor y 32 en contra.

Esta no es la primera vez que se presenta una ponencia desfavorable a la reforma. Un primer intento fue invalidado por una falla administrativa atribuida a la Secretaría del tribunal, que no suspendió el trámite mientras se resolvía un impedimento presentado por la magistrada Diana Fajardo. Durante ese lapso, se anexaron conceptos que posteriormente fueron retirados del expediente.

También fue anulado el concepto emitido por la exprocuradora Margarita Cabello, quien se había manifestado en contra de la reforma. Su sucesor, Gregorio Eljach, revocó dicha posición y presentó un nuevo concepto, esta vez a favor de la constitucionalidad de la ley.

La acción judicial que dio origen al estudio fue interpuesta por la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático. La demanda se basa en la supuesta violación del artículo 157 de la Constitución, que regula los trámites legislativos, y del artículo 48, sobre la seguridad social. En su defensa, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado indicó que estos argumentos no están relacionados con las investigaciones penales que cursan por el caso Ungrd.

Cabe recordar que la discusión en la Sala Plena contará con la participación de un nuevo magistrado o magistrada, quien reemplazará a Cristina Pardo. El proceso de selección, a cargo del presidente de la República, ya está en marcha. El abogado Héctor Carvajal figura entre los candidatos con mayor probabilidad de ser designado y podría incorporarse justo a tiempo para emitir su voto en este debate.

Actualmente, la reforma pensional es la única de las tres grandes reformas sociales propuestas por el Gobierno que ha alcanzado el estatus de Ley. Las otras dos, la laboral y la de salud, han enfrentado múltiples obstáculos legislativos. La reforma laboral fue recientemente revivida tras una apelación interpuesta por el senador Fabián Díaz, de la Alianza Verde. La de salud continúa en trámite en la Comisión Séptima del Senado.

Desde marzo, comenzó el proceso de implementación técnica de la reforma pensional. Según datos oficiales, cerca de 1.500.000 personas con ingresos superiores a 2,3 salarios mínimos ya fueron asignadas a fondos privados para administrar la porción de ahorro pensional que excede ese umbral. La entrada en vigencia plena de la ley está prevista para el 1 de julio de 2025.

El resultado del debate en la Corte Constitucional determinará si se mantiene el rumbo actual de la reforma pensional o si se requiere reabrir el proceso legislativo en el Congreso. La decisión será adoptada en los próximos días, con base en la ponencia presentada y los argumentos recogidos durante la etapa procesal.

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